En los próximos días se evaluará la posibilidad o no de alcanzar un acuerdo que evite la vía judicial, ante la situación de acoso laboral e impago de horas extras que señala la defensa del extrabajador, que había quedado de baja tras un ingreso hospitalario el 30 de septiembre.

En declaraciones a Europa Press, el responsable autonómico de CSIF, Sergio Peña, ha indicado que la situación se ha puesto en conocimiento de Prevención de Riesgos Laborales tanto del Principado como de la Junta General, así como de la de Inspección de Trabajo.

El dirigente sindical incide en que es el parlamento autonómico el que nombra al personal eventual de gabinete a propuesta de los grupos y debe controlar dichos puestos y sus funciones, así como

que si se cumplen las garantías laborales. En este sentido, apunta que podría haber "culpa in vigilando" si no se ejerció dicha obligación de control ante el presunto acoso laboral que denuncia el exasesor.

Desde CSIF, que lleva el asesoramiento legal del caso, su representante autonómico sostiene que buscan "lo mejor para el trabajador". "Aunque su nombramiento sea en la forma que lo hacen, una vez hecho es un trabajador y goza de derechos como cualquier otro", apunta Peña.

Asimismo, la abogada Alma Pantiga añade que se han interpuesto sendas denuncias por vía administrativa a Foro por impago de horas extras, por las que se reclaman 22.000 euros, y por acoso laboral, solicitando 24.000 euros más 6.000 euros por el despido a razón de 33 días por año trabajado.

Las reclamaciones tienen una doble vía, ya que además del nombramiento y posterior cese por la Junta como secretario de uno de los miembros de la Mesa de la Cámara, es vicesecretario de comunicación en su partido, cuyo contrato sigue en vigor.

Este pasado martes se celebró un acto de conciliación en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Umac) por las horas extras pero no se alcanzó un acuerdo entre el denunciante y el partido.

Para el siguiente acto de conciliación, relativo al acoso, habrá que esperar al día 27. Un día antes, el 26 de noviembre, finaliza el plazo para que la defensa decida si lleva el asunto ante los tribunales.