El ministerio de Interior está conduciendo una auditoría junto a los sindicatos policiales para determinar si la partida de 807 millones para equiparar totalmente el sueldo de la Policia Nacional y la Guardia Civil al de los cuerpos autonómicos y locales en 2020 es la "adecuada", según ha señalado este jueves su titular, el ministro Fernando Grande-Marlaska.

Grande-Marlaska ha protagonizado un desayuno informativo en el que, en otras muchas cuestiones relacionadas con su departamento, se ha referido a la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con mossos d'esquadra o ertzainas, que será permanente y por ley cuando el Congreso elabore la ley a la que se comprometió este martes tras tomar en consideración la iniciativa legislativa popular (ILP) en la que 550.000 firmantes pidieron igualdad de sueldos.

Según ha explicado, el acuerdo de equiparación ya ha empezado a hacerse efectivo en la nómina del mes de octubre con una primera partida correspodiente a 2018 de 310 millones. Le seguirán el año que viene otra de otros 250 millones y en 2020, otra más de 247 millones, hasta alcanzar el total de 807 millones en los que se cifró la igualación de lo salarios y que ahora se estudia si es la "adecuada".

Frente a lo que ha defendido el PP estos días, al hilo de la votación en el Congreso de la ILP que lideró el sindicato policial JUSAPOL, Grande-Marlaska ha atribuido el mérito del acuerdo y de que los sueldos haya empezado a subir al Gobierno socialista, no al anterior, de signo conservador

Según ha dicho, el acuerdo de equiparación fue firmado por el Ministerio, que en marzo de 2018 dirigía el popular Juan Ignacio Zoido, pero "no había ningún mecanismo previsto para hacer realidad esta inversión" de 807 millones, una tarea que "no fue nada fácil" y que sólo se logró hacer "factible" el pasado mes de octubre.

Salió en el BOE en el mes de marzo, "pero el proceso no estaba establecido" para hacerlo efectivo, ha dicho.

En este sentido, Grande-Marlaska ha agradecido el esfuerzo a las Ministras de Hacienda y de Política Territorial, María Jesús Montero y Meritxell Batet.

Por lo que respecta a la ILP que esta semana el Congreso acordó tramitar como proyecto de ley, el ministro ha explicado que de lo que se trata es de fijar por ley uno de los puntos entre Interior y los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que exista un "marco legal" para que la equiparación no se pueda modificar "al albur de un Gobierno u otro".