En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha recordado que existen 162 carreteras provinciales con una longitud de 1.037 kilómetros y "el objetivo que se marcó el equipo de gobierno al principio de nuestro mandato -en 2015- fue acondicionar las vías".

Así, entre 2015 y 2018 se han emprendido 17 actuaciones con una inversión de 16 millones de euros, que han permitido adecuar 65 kilómetros de carreteras, ha detallado Sánchez Quero, al señalar que existen otras nueve acciones previstas en el plan de acondicionamiento de carreteras para los años 2019 y 2020, que mejorarán 41 kilómetros de vías provinciales con 10 millones de euros.

Una de esas nueve actuaciones es la intervención en la carretera CV-102 en Tosos, un tramo con una longitud de 2,5 kilómetros en el que la anchura de la calzada es de cinco metros y que, además, presenta un firme deformado, un trazado en planta inadecuado y una visibilidad reducida por los cambios de rasante.

Con 1,1 millones, se ensanchará la calzada hasta los siete metros, mejorando el trazado y renovando el firme. Las obras en esta carretera provincial se licitarán en las próximas semanas y se comenzarán a ejecutar el próximo año.

"Queremos dotar al territorio de infraestructuras y servicios para hacerlo atractivo y no solo para fijar nuevos pobladores, sino también empresas y para crear empleo", ha remarcado Sánchez Quero.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado también por unanimidad dos mociones de los grupos En Común y Chunta Aragonesista (CHA) en defensa de los derechos de los usuarios afectados por las clínicas iDental y sobre la Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), respectivamente.

La diputada del grupo En Común, Elena García, ha subrayado la necesidad de ayudar a las 14.000 personas afectadas por iDental en Aragón, muchas de ellas "con escaso poder adquisitivo" y que ahora se enfrentan a problemas no solo bucodentales, sino también psicológicos y de otro tipo por los tratamientos recibidos en esas clínicas.

En su propuesta, En Común insta al Gobierno de Aragón a elaborar una lista de afectados, que estos sean atendidos en el Salud, dar atención también a las reclamaciones de sus pacientes y velar por el cumplimiento de sus derechos como consumidores.

Además, este grupo solicitaba que se ampliase la cartera de servicios del salud para incluir tratamientos bucodentales, pero este punto se ha retirado a petición del portavoz del PSOE, Francisco Compés, que ha considerado esta sugerencia "totalmente inviable".

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha defendido con su propuesta que la institución elabore un diagnóstico sobre la situación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), del que salgan propuestas concretas de actuación para la implementación de la Agenda 2030 y su cumplimiento en el ámbito provincial.

En su moción, CHA también ha reclamado que se lleven a cabo campañas de sensibilización en los municipios de la provincia sobre los ODS en colaboración con las entidades del tercer sector; así como labores de asesoramiento a los ayuntamientos que deseen incluirlos en sus políticas y lo soliciten.

ECOPROVINCIA

Por otra parte, el pleno ha rechazado una tercera moción del PP que instaba al Ayuntamiento de Zaragoza a reducir el impacto económico que el incremento de la tasa por el uso del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos (CTRUZ) va a suponer en las arcas de los municipios que lleven sus residuos a estas instalaciones.

El texto, que ha recibido el apoyo del Partido Aragonés (PAR), la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PSOE, En Común y CHA, instaba también al Gobierno de Aragón a suscribir un convenio de colaboración con la DPZ para financiar la construcción de las plantas de transferencia previstas en el proyecto Ecoprovincia.

"Esta moción tendría que presentarse en el ayuntamiento, no en la Diputación de Zaragoza. La tasa se establece en función del coste que tiene el tratamiento de los residuos en el vertedero y nosotros solo podemos estar agradecidos al ayuntamiento por habernos permitido llevar los residuos de los municipios de la provincia al único vertedero de Aragón que será legal a partir del año 2020", ha aseverado Sánchez Quero.

El portavoz del PP, Francisco Artajona, ha insistido en criticar el incremento de la tasa que pagarán los municipios por este servicio y ha reclamado al consistorio zaragozano que "muestre su solidaridad con las localidades y la Diputación de Zaragoza" y se sume a la lucha contra la despoblación.

El portavoz del PAR, José Antonio Sanmiguel, ha coincidido en que el ayuntamiento "podría colaborar más con el resto de municipios de la provincia"; mientras que la portavoz de Cs, Elena Martínez, ha indicado que respaldan el segundo punto, pero "el primero no podemos apoyarlo de ninguna forma".

"ELECTORALISTA E IRRESPONSABLE"

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha observado que esta moción "dice a una administración local, saltándose el principio de autonomía, que distinga dos tipos de ciudadanos y reduzca la tasa a los vecinos de la provincia", aunque no se cumpla con el coste real. "Lo ha disfrazado y edulcorado, pero nos pide esto y no lo aceptamos", ha dicho tajante.

El portavoz del grupo En Común, José Ángel Miramón, ha acusado al PP de presentar una moción "electoralista, irresponsable y que atenta contra la autonomía municipal" y le ha reclamado que "no hagan más demagogia con este tema".

El portavoz del PSOE, Francisco Compés, y el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, han insistido en que se trata de prestar un servicio "básico" para los municipios y de cumplir la normativa europea sobre el tratamiento de residuos. "Hay que dar una solución a los ayuntamientos", ha recalcado Sánchez Quero.

Por último, en el turno de ruegos y preguntas, la portavoz de Cs, Elena Martínez, ha reprochado al presidente la falta de respuesta a la pregunta formulada por su grupo el pasado 16 de octubre sobre el Monasterio de Veruela y ha querido conocer si existe una fecha para inaugurar el Parador Nacional.

Sánchez Quero ha recordado que se dirigió al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en una carta para abordar esta misma cuestión y también ha mantenido encuentros con Paradores y otros responsables, pero no ha ofrecido una fecha de apertura.

El portavoz del PP, Francisco Artajona, ha preguntado por el convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para los años 2017-2019 y por el plan contra la despoblación que pretende ayudar a los emprendedores de la provincia. Sánchez Quero ha detallado que se han recibido más de 200 solicitudes y que su evaluación está siendo "muy compleja", si bien los técnicos ya están trabajando en ello.

Finalmente, el diputado del PP, José Manuel Gimeno, ha rechazado la actitud de "hooligan" de José Ángel Miramón (En Común) y su "desprecio, prepotencia y falta de respeto" al mencionar en una de sus intervenciones al exalcalde de Calatayud, Fernando Martín (PP). Miramón había criticado previamente que se dedicara una plaza al exalcalde, sosteniendo que había dificultado la aplicación de la Ley de memoria histórica. "Usted no llegará a aportar ni una centésima parte de lo que él hizo por esta provincia", ha espetado Gimeno a Miramón.