Por la mañana una comisión de funcionarios judiciales acompañados de tres dotaciones de agentes antidisturbios de la Policía se presentaron en Ricson para efectuar el desahucio. Tras la amenaza de Àngela Gisbert, desistieron y pospusieron también el desalojo de la empresa de somieres Garrallit, previsto para ayer.
Gisbert explicó a 20 minutos que la situación actual supone la ruina de muchas empresas. «Y una es la mía»– añadió—. «Estoy en una situación muy grave y no tengo forma de trasladarme.» Algunos trabajadores montaron una barricada improvisada con una estantería metálica y varios coches para tapar la entrada al callejón que conduce a Garrallit.
El recinto de Can Ricart, una de las piezas de mayor interés del patrimonio industrial de Barcelona, está afectado por los planes urbanísticos del 22@, que lo convertirán en complejo de oficinas. Hace unas semanas, la mayoría de las empresas afectadas llegaron a un acuerdo con la propiedad para recibir indemnizaciones y trasladar su actividad. No es el caso de Ricson, que sigue en conversaciones y con el frente judicial abierto.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios