Estos acuerdos fueron denunciados ante los tribunales por el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez Correa, al que ahora la sala de lo contencioso administrativo ha dado, en parte, la razón. Así, ha declarado contrarios al ordenamiento jurídico esos acuerdos, aunque ha desestimado la pretensión esgrimida por el concejal de que se apruebe una nueva RTP y se convoque de inmediato la cobertura de los puestos ocupados provisionalmente o en comisión de servicio.

En su sentencia, el juzgado advierte al Ayuntamiento de Vigo de que la provisión de puestos por el sistema de libre designación ha de ser un mecanismo excepcional y, su aplicación, debidamente justificada, no solo alegando un genérico "necesidades del servicio".

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