Señal en un carril bici de Barcelona.
Señal en un carril bici de Barcelona. AJUNTAMENT DE BARCELONA

La oposición del Ayuntamiento de Barcelona ha aplazado hasta el pleno de este mes de noviembre posicionarse sobre la tramitación de una tasa para los servicios de vehículos compartidos -como el 'moto sharing' y el de 'bike sharing'-.

En la comisión de Economía y Hacienda de este martes, Cs, PP y la CUP han optado por hacer reserva de voto para revisar con más detalle los informes realizados por el Gobierno municipal, mientras que el PDeCAT ha mostrado su voto en contra.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defendido la tasa, mientras que la concejal del PDeCAT Francina Vila ha pedido al gobierno municipal tenga un "debate honesto" para abordar de forma profunda el modelo de los vehículos compartidos.

Carina Mejías (Cs) ha coincidido que la tasa requiere un debate más amplio y ambicioso, mientras que Trini Capdevila (ERC) ha asegurado que los republicanos siempre han defendido que quien hace negocio gracias al uso del espacio público debe devolver recursos.

"La ordenación del espacio público se ha realizado bien. Estamos a favor de la modificación del 'sharing", ha afirmado la concejal del PSC Montserrat Ballarín, y Javier Mulleras (PP) ha criticado que el gobierno municipal pone problemas y trabas a la iniciativa privada, según él.

Licencias anuales

En declaraciones a la prensa, la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, ha explicado que la propuesta municipal prevé otorgar licencias de 'bikesharing' y 'motosharing' en la ciudad a un precio de 71,51 euros por vehículo y año, y las empresas que quieran obtener este permiso deberán controlar la ocupación que realizan estos vehículos del espacio público.

El gobierno municipal considera que hace falta aprovechar las oportunidades que generan este tipo de iniciativas, aunque ha destacado que también se necesita un marco regulador que permita a los operadores explotar los sistemas de forma segura y estable y minimizar los impactos negativos de estos servicios.

Sanz ha indicado que la regulación propondrá limitar el número de vehículos de alquiler compartido estacionados en la vía pública, y el consistorio ha detallado que actualmente hay 1.500 bicis de 'sharing' en la ciudad y 2.325 motos, y la cifra de licencias permitiría, en primera instancia, un crecimiento del 70% en el número de bicis y un 47% el de motos.

Las empresas estarán obligadas a utilizar los vehículos, cumplir los requisitos de sostenibilidad municipal, incorporar sistemas de geolocalización, retirar los vehículos inopoertivos o averiados en menos de 24 horas, y poner a disposición del ayuntamiento los datos de uso del sistema en tiempo real para conocer "el grado de ocupación de la vía pública".

Anclajes reservados

Asimismo, todas las bicicletas deberán anclarse en los espacios habilitados en la vía pública para el estacionamiento de bicis, y, para hacer compatible el uso de las bicis compartidas con las de uso personas, el Gobierno propone un Decreto de Alcaldía para reservar estacionamientos para los vehículos particulares en aquellas zonas de la ciudad con mayor presión turística o necesidades específicas.

La concejal también ha destacado que los vehículos compartidos comportan una serie de impactos positivos sobre las pautas de movilidad, ya que reducen y renuevan el parque de vehículos, ayudan a disminuir la contaminación atmosférica y acústica, estimulan los desplazamientos intermodales y el uso del transporte público, e impulsa el uso de vehículos eléctricos.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.