Esta penalización responde a que la Comisión Europea ha detectado deficiencias en el control de la gestión de dinero agrícola, y por eso motivo denegó a Murcia y Comunidad Valenciana financiar la retirada de frutas y verduras en la campaña 98-99.

Murcia y Valencia

España impugnó en su recurso contra la sanción de la UE varias multas: una la denegación de la ayuda de la UE para la retirada de frutas y verduras en Murcia y la Comunidad Valenciana (5,2 millones de euros) y otra (2,3 millones de euros), la penalización en las ayudas a cultivos herbáceos o primas ganaderas en el País Vasco y La Rioja.

El Gobierno español reclamó anular totalmente la multa en la Comunidad Valenciana y en Murcia, petición que ha sido desestimada por el Tribunal comunitario.

Dentro de la sanción de 2,3 millones de euros por el gasto en La Rioja y el País Vasco, España pidió invalidar la decisión de la CE, excepto una parte correspondiente a las ayudas riojanas en 2000-2001.

Tras las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de la UE, la CE puede decidir reembolsar la multa anulada a España o por el contrario, recurrir el dictamen de hoy ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Rebaja de sanciones a La Rioja y País Vasco

Por otra parte, el Tribunal ha anulado parte de una multa que la Comisión Europea (CE) impuso en la Rioja y el País Vasco, por un valor total de 2,3 millones de euros a causa de irregularidades en la gestión de las ayudas agrícolas o ganaderas comunitarias.

En el caso del País Vasco, la Justicia comunitaria ha anulado una sanción de 641.363 euros correspondiente a las campañas entre 1998 y 2000, pero en lo que respecta a los gastos que se efectuaran antes del 22 de marzo del 2000, con lo que el importe al que afecta la sentencia será inferior.

En cuanto a La Rioja, el Tribunal ha invalidado una sanción de 316.315 euros aplicada por Bruselas por irregularidades en la campaña 1998-1999.

Por el contrario, el Tribunal confirma una sanción de la CE de 1,3 millones de euros por deficiencias en el control de las ayudas agrícolas en el País Vasco y La Rioja en 2000-2001, así como otra penalización de 5,2 millones de euros en Murcia y la Comunidad Valenciana por operaciones de retirada de frutas y verduras.

El Tribunal de Primera Instancia se ha pronunciado sobre un recurso que España presentó contra una decisión aprobada por la CE en 2004, para aplicar una "corrección financiera" es decir excluir de la financiación comunitaria varios gastos agrícolas en autonomías españolas.

El fallo de los jueces comunitarios señala que las sanciones anuladas, en la Rioja y el País Vasco, son "ilegales" porque la CE incumplió una regla.

Se trata de una norma por la cual no se pueden incluir en la penalización los gastos efectuados dos años antes de que Bruselas comunicara los resultados de sus inspecciones en el campo de las autonomías afectadas.