Apunten la fecha en el calendario: 2040. A partir de ese año, el Gobierno no permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2). Esta medida afectará, por tanto, a los vehículos diésel y a los de gasolina.

Así se contempla en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Gobierno ha hecho llegar ya a los partidos políticos para abrir un proceso de participación con comunidades autónomas y grupos parlamentarios. El Ejecutivo quiere asegurar así el cumplimiento del Acuerdo de París para garantizar la total "descarbonización" de la economía española.

El objetivo es que el documento llegue al Congreso a finales de 2018, según detallan fuentes ministeriales, aunque los plazos de aprobación dependerán de una aritmética parlamentaria que el PSOE, de momento, no tiene de su parte. Las medidas que desgrana el borrador son las siguientes:

El Gobierno trabaja con un objetivo claro: que en 2050 circulen únicamente vehículos limpios (que no emitan gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono). Para conseguirlo, tiene previsto prohibir la matriculación y venta de turismos y vehículos comerciales ligeros una década antes. Concretamente, en 2040.

Esto afecta a los coches de diésel o los de gasolina, pero también a los turismos propulsados por otros sistemas que emiten dióxido de carbono (CO2) aunque en menor cantidad, como los híbridos, los de gas natural (GNC) o los de gas licuado del petróleo (GLP).

La propuesta del Gobierno, según han explicado fuentes del Miteco, es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en el año 2050 ya no podrán circular. Francia también ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040, según las mismas fuentes, que han precisado que Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en 2030 y Noruega en 2025.

Otra de las propuestas establece la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en las gasolineras, aunque los plazos de implantación están todavía en el aire y dependerán en función del volumen de ventas de cada establecimiento. "Hay que buscar la manera de incentivar estos puntos de recarga para que los incluyan porque son necesarios", sostienen las mismas fuentes.

El Gobierno tiene previsto mantener un diálogo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, puesto que a ellos afecta directamente esta ley de cambio climático. Y es que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar con "zonas de bajas emisiones" antes de 2023 para promocionar la movilidad "sin emisiones" y conseguir así la completa "descarbonización" de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI.

Una zona de baja emisión es, por ejemplo, Madrid central, un área geográficamente definida que busca restringir el acceso de ciertos vehículos contaminantes para reducir la contaminación del aire.

Además, el Ejecutivo elaborará un estudio sobre el establecimiento de la Euroviñeta, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras.

El polémico fracking también tiene un hueco en el borrador. A partir de 2040 no se podrán desarrollar actividades de fractura hidráulica para extraer petróleo y gas. Las prórrogas vigentes no podrán seguir más allá de ese año.

El documento trabaja con dos horizontes de cumplimiento de objetivos: a medio (2030) y largo plazo (2050). La pretensión del Gobierno es que las emisiones de gases de efecto invernadero en España se reduzcan al menos un 20% (respecto a 1990) en 2030 y en un 90% en 2050. Para entonces, todo el sistema eléctrico "deberá ser de origen renovable".