Ada Colau
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EFE/Alberto Estévez

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tachado este lunes de "desastre" el sistema de protección de menores de la Generalitat, a raíz de la detención de 15 jóvenes como presuntos autores de un intento de agresión sexual y un apuñalamiento en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Preguntada en rueda de prensa sobre el caso, la alcaldesa ha criticado que el sistema catalán de protección de menores no esté preparado para acoger a los numerosos jóvenes extranjeros sin acompañamiento familiar que llegan a Cataluña.

Pese a que la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Georgina Oliva, ha aclarado que ninguno de los 15 jóvenes detenidos están bajo tutela de la Generalitat, y sólo uno de ellos estuvo bajo el amparo de la DGAIA hace tres años, la alcaldesa ha dicho que "es evidente" que el sistema no está preparado para absorberlos.

"Estamos hablando de menores que, en muchos casos, han llegado aquí tras una trayectoria dura y necesitan asistencia para tener una segunda oportunidad", ha recalcado la alcaldesa. Colau ha dicho que comparte la preocupación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, pero también ha insistido en que no se debe vincular este colectivo con la delincuencia y los hurtos.

Ahora bien, según ella, las deficiencias del sistema pueden provocar que algunos terminen en grupos de delincuentes, por lo que ha pedido una acogida adecuada y un servicio de calidad tanto en la Generalitat como en España.

Tapiada la vivienda de los detenidos

Operarios de los servicios municipales de Santa Coloma, por otro lado, han tapiado el edificio donde vivían algunos de los 15 jóvenes. Un inmueble que, al parecer, habían okupado algunos de ellos, unas viviendas deshabitadas y en estado de ruina por falta de mantenimiento, según ha explicado el consistorio.

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha afirmado que el Ayuntamiento de Santa Coloma no les notificó que hubiera menores en situación de vulnerabilidad ocupando un edificio. Ha afirmado además que cuando se notifican estas situaciones se responde "al momento", pero que el protocolo indica que el municipio tiene que avisar.

Ha subrayado que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) actúa para garantizar el recurso de residencia y acompañamiento: "Pero cuando es cuestión de un delito, y de lo que estamos hablando es un delito muy grave, aquí quien tiene que actuar es la justicia", y a partir de la resolución de un juez ya no es el ámbito del Govern.

Ha recordado que la Dgaia no es un sistema judicial y no tiene potestad de encerrarlos, ni es este el tipo de acogida que quieren realizar, y que hay casos en que los jóvenes se escapan de los centros, aunque ha pedido ser muy "estrictos y cuidadosos" a la hora de abordar estos temas para evitar estigmatizar a todos, ya que en ocasiones se les atribuye delitos que no han cometido.

Ha admitido que el sistema de protección a la infancia "está en tensión" porque las cifras de llegada de menores no acompañados son muy elevadas y actualmente acoge a más 2.500 jóvenes, mientras que hasta octubre han llegado este año más de 3.000 —algunos salen del sistema por movilidad o porque se hacen adultos— mientras que en 2015 llegaban entre 300 y 400.

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