Así lo ha afirmado Oliván en su intervención en la Comisión especial de estudio sobre la aplicación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que ha celebrado una nueva sesión este lunes en las Cortes de Aragón.

Oliván ha recordado que la UCA está integrada en la Red de Agua Pública de Aragón y defiende sus mismos argumentos sobre el ICA, incidiendo en que financiar la depuración del agua a través de un impuesto, como el ICA, "es un abuso legal".

Ha mencionado que en 2014 muchos vecinos de Utebo (Zaragoza) se pusieron en contacto con la UCA para quejarse del canon de saneamiento, que se pagaba en esta localidad desde 2007, alegando que en siete años nunca había habido una depuradora en el municipio y nunca se habían depurado sus aguas.

Al analizar la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, la UCA comprobó que el canon de saneamiento "no era tal, sino un impuesto que la ley denominaba finalista" y que la "falta de diligencia del Instituto Aragonés del Agua" había causado una "situación anómala", dado que la concesión aprobada en 2007 nunca fue cumplida por la empresa concesionaria y "solo siete años más tarde y tras una indemnización pudo el IAA recuperarla y volverla a licitar", tras haber causado un "daño patrimonial, por su negligencia, a los habitantes de Utebo".

"De esta forma, el IAA recaudó y se quedó con casi tres millones de euros injustamente cobrados y la empresa incumplidora se llenó los bolsillos con el rescate de su concesión", ha criticado Oliván, indicando que entonces ya llegaron a la conclusión de que "no existía relación alguna entre la denominación del impuesto y su supuesta finalidad".

INDEFENSOS

La Ley de Aguas y Ríos de Aragón pasó a denominar este canon como Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y, al elegir esta figura, se "dejaba prácticamente indefenso al sujeto tributario frente a los posibles incumplimientos de la administración del agua en Aragón".

Mencionando la Ley General Tributaria, que "no contempla la figura del impuesto finalista", José Ángel Oliván ha indicado que elegir una tasa hubiera conllevado "una obligación de la administración y el impuesto no", para estimar que "esto es lo que buscaba el legislador, no tener ninguna obligación respecto del destino de los fondos obtenidos mediante el cobro del ICA".

Asegurar que es un impuesto finalista, dirigido a financiar el servicio de depuración de las aguas en Aragón, "no deja de ser una declaración de buenas intenciones" ya que cuando los ingresos son mayores de los previstos y los gastos ejecutados son menores no implica una modificación a la baja de las tarifas en el siguiente ejercicio.

Oliván ha remarcado que se habla de un impuesto finalista "en un intento de hacer más dulce la siempre amarga píldora impositiva" y se "maquilla" una decisión que tiene como único objetivo la recaudación, ha sostenido, aclarando que "no nos oponemos a la recaudación, que es imprescindible en un Estado moderno y social como el español, nos oponemos a su disimulo y a la indefensión de los contribuyentes".

En este punto, ha manifestado que el céntimo sanitario ya ha sido anulado por el Tribunal de la Unión Europea y ha observado que podría ocurrir lo mismo con el ICA. Ha reiterado, asimismo, que el elegir la figura de un impuesto "permite a la administración aragonesa una gran comodidad a la hora de responder del destino de los fondos" y, por este motivo, se ha ampliado al abastecimiento y no solo la depuración, lo que demuestra que "el ICA recauda más de lo necesario".

MALA GESTIÓN

Todo ello ha dejado "indefensos" a los contribuyentes "ante la mala gestión de la administración, permite recaudar una cantidad mayor de la necesaria y destinarla a otros fines; da lugar a una profunda incomprensión por parte de los ciudadanos que no comprenden la falta de relación entre el impuesto y la depuración real".

Además, se produce una "ilusión del reparto de fondos a los municipios más pequeños, cuando en realidad nunca tendrán el servicio de depuración; se elimina la prima de eficiencia en la gestión de las localidades al igualar la repercusión a los ciudadanos".

También, ha continuado Oliván, "se desvincula a los ayuntamientos de la gestión de sus competencias y de sus propias responsabilidades, lo que provoca que reclamen la depuradora más cara y más grande que el otro, porque pagan lo mismo, haciendo insostenible el modelo", así como se pone en riesgo el futuro sistema "ante una posible anulación por parte de la Unión Europea".

CON TASAS

En su opinión, "todo esto quedaría salvado si la financiación de la depuración se hiciera mediante tasas, ya fueran municipales o autonómicas en función de la administración gestora, vinculadas a la efectiva prestación del servicio de depuración" e incluso la Ley de Aguas y Ríos de Aragón "señala como obligación el pago de cánones y tarifas, en ningún momento habla de impuesto".

La UCA ha sostenido, asimismo, que se está incumpliendo el principio de hacer pagar a quien contamina con la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, ya que "se deja fuera del impuesto a sectores económicos altamente contaminantes". "Por eso, la recuperación de costes no puede servir como pretexto para incrementar la recaudación con finalidad indiscriminada" y ha exigido que si se quiere aumentar la recaudación se utilicen "otros impuestos".

"Hacer pagar a los aragoneses un impuesto para no tener la obligación de destinar los fondos a la depuración cuando podría hacerse con una tasa es un abuso legal; es utilizar la ley para obtener una ventaja respecto del contribuyente que, indefenso, solo puede protestar y al que, por si faltara algo, amenazan constantemente con males bíblicos", ha dicho tajante Oliván.

Ha concluido indicando que los aragoneses "queremos que nuestras aguas se depuren, queremos pagar esa depuración, cueste lo que cueste, pero ni un euro más. Y lo único que lo puede garantizar es que lo paguemos a través de tasas".