"Al amparo de la Constitución Española solicito mi reincorporación a mi puesto de alcalde para el que fui elegido por mayoría absoluta en esta misma legislatura y restablecer en mi integridad mis derechos como primera autoridad local y la de todos los electores que me votaron, y en consecuencia declarar cumplida la sentencia y restituirme en mi puesto inicial de alcalde", ha trasladado.

Mena, quien ha resaltado en un comunicado que es sabedor de que es "la primera vez en la historia que se produce una situación de este tipo", ha remitido al consejo de su "equipo jurídico asesor" y ha asegurado que mantiene "intactas las esperanzas de ser restituido a la situación de origen antes del inicio de la inhabilitación" ya que, según ha remarcado, "una sanción judicial no puede extenderse más allá del tiempo que establece la propia sentencia".

Ha remarcado que, de no producirse esta restitución, se podrían estar "vulnerando" los derechos fundamentales tipificados en "los artículos 14, 15, 20, 23, 24, y 25 de la Constitución Española" y ha recordado que, en las elecciones municipales de 2015, obtuvo el 49,84 por ciento de los votos y nueve concejales "seguido de Juan Pedro Pérez (PP) con el 38,69 por ciento y siete concejales y, por último, Francisco Torrecillas (CILUS) con el 7,03 por ciento y un concejal".

"Actualmente Torrecillas, que ni tan siquiera llegó al diez por ciento de los votos, gobierna en el municipio bajo el paraguas del Partido Popular", ha señalado para argumentar que "si las penas dictadas por el juez en el fallo de una sentencia están orientadas a reinsertar, "las condenas eternas no son proporcionales ante actuaciones terrenales".

Para Mena, "nadie puede entender y aun menos compartir" que una sentencia "tipificada como menor jurídicamente y relativa a un caso discutido y discutible" con "precedentes en la provincia" de absolución en otro alcalde, se le aplique una interpretación "tan dura de condena permanente o definitiva del cargo".

"Consideramos atenta a la idea de racionalidad y proporcionalidad en la actuación del legislador ya que la propia Constitución española establece que liquidada la pena y cumplida la condena, y siendo el objetivo Constitucional de la pena conforme al artículo 25 la resocialización del penado, y debiendo volver al 'status quo ante' es decir al mismo estado que tenia y con los mismos derechos existentes", ha apuntado para solicitar el reingreso en la corporación municipal "al hallarse en la misma legislatura en la que fue elegido por mayoría absoluta, ya que la ley no permite suspender a miembros de la corporación sino no es mediante resolución judicial que, al día de hoy ya ha sido cumplida y por lo tanto es inexistente".

Por último, el exalcalde ha pedido ante el Defensor del Pueblo que se "respete el principio de igualdad" para acceder a un cargo, y subraya que "no se puede condenar a dos años y seis meses de prisión y hacer cumplir tres años y dos meses años".

"No se puede ir contra el derecho fundamental a la resocialización, ni impedir el derecho constitucional a ser elegido democráticamente, ni vulnerar el derecho constitucional de los electores expresada en las urnas y el derecho, de estos electores", ha concluido.