El empresario extremeño Luis G.Ch, responsable de la mercantil Mego S.A, la misma que ejecutó las obras de la Plaza de Toros de Íscar objeto de investigación judicial por presuntos delitos de prevaricación y malversación, asegura que desconocía que el director de los trabajos era, a su vez, el arquitecto municipal, también investigado.

Así lo expuso en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid durante su testimonio prestado, en calidad de investigado, por el procedimiento de videoconferencia desde la localidad cacereña de Plasencia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El constructor, que tan sólo respondió a preguntas de su letrado, explicó que su empresa se dedicó a ejecutar los trabajos que le iba encomendando el director de obra, José Luis Pérez, con la particularidad de que, como así ha sostenido, desconocía que esta misma persona fuera el arquitecto municipal de Consistorio iscariense.

El declarante, a preguntas de su letrado, ha negado haber pagado a lo largo de su trayectoria mordida alguna a políticos para hacerse con la adjudicación de obras, al tiempo que ha alegado que del seguimiento de la práctica totalidad de la obra ejecutada en Íscar y de las gestiones con el Ayuntamiento de la localidad se encargaba el delegado de la constructora en Castilla y León.

El testimonio de Luis G.Ch. se suma así a los ya prestados, también en calidad de investigados, por el que fuera alcalde de Íscar, Alejandro García Sanz; el ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el mencionado arquitecto municipal, José Luis Pérez.

El Juzgado de Instrucción 5 investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación en los trabajos de ejecución del Centro Multiusos de Íscar, entre otros motivos porque los distintos modificados del proyecto, que pasó de los 2.300.000 euros inicialmente presupuestados a los 5.150.000 euros, no fueron sacados a concurso pese a exceder su importe el 20% permitido.

En la causa se encuentra personado el Ayuntamiento de la villa como acusación particular, que sigue insistiendo en que el proceder de los investigados impidió la libre concurrencia de otros empresarios a los sucesivos modificados de obra, que tenían que haber sido licitados a exceder su importe los límites establecidos, a lo que se suman las críticas respecto de la conducta del arquitecto municipal, que cobraba un sueldo como tal del Ayuntamiento y además un 4% por cada certificación de obra, hasta un total de 400.000 euros.

La investigación tiene su origen en la auditoría que el actual equipo de gobierno, dirigido por Luis María Martín García, encargó a una empresa externa sobre la gestión del anterior alcalde.

El estudio de las cuentas entre 2002 y 2015 elaborado por la empresa NuVe Consulting fue puesto directamente por el equipo de gobierno en manos de la Fiscalía ante la existencia de posibles irregularidades y ésta acordó remitir la auditoría a un juzgado para la instrucción de las pertinentes diligencias.

En el informe se advierte de que el director de obra no tiene capacidad de modificar el contrato, sino de proponer su modificación al órgano de contratación-el pleno-, que es el que debe aprobar el proyecto modificado, algo que no se realizó en este caso pese a los informes en contra de Intervención (7-07-2009) y Secretaría (09-07-2009) y que por ello sería motivo o causa para la resolución del contrato.