En el marco del juicio que celebra el Juzgado de lo Penal número diez de Sevilla por la presunta filtración en las oposiciones promovidas por el Ayuntamiento hispalense para cubrir 103 plazas de la Policía Local, el exdirector general de Seguridad del Consistorio, el comisario José Antonio de la Rosa, ha testificado este viernes que a su juicio el desaparecido Grupo Especial (Gepol) de la Policía encargado de investigar el caso "no era ilegal" y que el superintendente y presidente del tribunal del proceso selectivo, Juan José García, comenzó a "preocuparse" por dicha unidad al ser consciente de la investigación que pesaba sobre las oposiciones.

Esta nueva sesión del juicio, que gira en torno a la presunta filtración de los exámenes de las dos oposiciones promovidas por el Ayuntamiento para cubrir 47 y 56 plazas de agente de Policía Local, ha contado con la declaración como testigo de este comisario de la Policía Nacional que ostentó el cargo de director general de Seguridad del Ayuntamiento durante la etapa en la que se celebraron las pruebas.

Al respecto, recordemos que la Fiscalía encuadra la presunta filtración de los exámenes en un intento de algunos de los miembros de los tribunales de favorecer a "determinados aspirantes por razones de amistad o vínculos familiares o sindicales", toda vez que según la documentación recogida por Europa Press, en este juicio hay 45 acusados entre los que figuran 37 policías locales que lograron una plaza en el cuerpo merced a dichas oposiciones, entre ellos el hijo de Manuel Bustelo, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla.

Entre los acusados figuran también personas que formaban parte de los tribunales constituidos para estas dos oposiciones, como el dirigente del Sppme Manuel Baso y el superintendente de la Policía Local, Juan José García Sánchez, a quien se atribuye una relación de convivencia con una de las opositoras acusadas.

El superintendente, a la hora de prestar declaración como acusado, y respondiendo exclusivamente a las preguntas de la defensa pero no de la Fiscalía o la acusación particular, prestó especial atención a la situación del extinto Grupo Especial (Gepol) de la Policía Local hispalense, encargado de investigar las presuntas filtraciones en las pruebas de estas oposiciones. Según Juan José García, el Gepol funcionaba "en una situación anómala", sin el sometimiento al "mando jerárquico" ni el "control lógico" del Cuerpo de Policía Local, porque ni siquiera era una unidad creada según los procedimientos estipulados para ello, pues no figuraba en la relación de puestos de trabajo (RPT) del cuerpo.

"Su situación era extraña y nadie les controlaba", exponía Juan José García, abundando que el Gepol "actuaba por intereses políticos" marcados por el delegado municipal encargado del área de Seguridad por aquellos tiempos, el ya fallecido Demetrio Cabello.

EL GEPOL "NO ES ILEGAL"

Al respecto, Juan Antonio de la Rosa, director general del Ayuntamiento hispalense durante el mandato municipal en el cual fueron promovidas y celebradas las oposiciones investigadas, ha defendido que el Gepol "no es ilegal" y no sólo contaba con recursos materiales expresamente asignados por la Policía Local y el Ayuntamiento, sino que recibió un "mención honorífica" por parte del pleno.

En ese sentido, ha expuesto que la Ley admite que la Policía Local ejerza labores de policía judicial si así lo requieren la Fiscalía o los juzgados, toda vez que en este caso el Gepol actuaba por orden del Ministerio Público. Así, ha llamado a tener en cuenta el rango de la actividad policial "preordenada" por instancias como la Fiscalía o los juzgados.

Del mismo modo, ha recordado que los grupos Giralda, Diana y de inspección nocturna de la Policía Local hispalense, cada uno de ellos especializado en su materia, tampoco figuraban en la RPT en aquella época y no le consta que la Justicia haya rechazado los atestados o actuaciones de los agentes de tales unidades por el hecho de que no se tratase de grupos reconocidos como tal en la relación de puestos de trabajo del cuerpo.

Es más, frente a las manifestaciones del superintendente acerca de la situación del Gepol y sus supuestas gestiones para su regularización, José Antonio de la Rosa ha avisado de que éste "en ningún momento presentó" verbalmente o por escrito sus quejas o reclamaciones para regularizar dicho cuerpo, porque su "preocupación" por tal unidad comenzó "con el tema de las oposiciones", es decir cuando supo de la investigación acometida respecto a dichas pruebas cuyo tribunal había presidido él mismo.

Así, el que fuera director general de Seguridad durante el mandato municipal 2011-2015 ha asegurado que el superintendente "en absoluto" se interesó por incluir el Gepol en la RPT de la Policía Local, asegurando que dicho mando acusado en este juicio comenzó a mostrar sus diferencias respecto al funcionamiento o situación de dicho grupo ante "el recorrido y las consecuencias" de la investigación que tales agentes desarrollaban sobre las oposiciones en las que él había ejercido el papel de presidente del tribunal.

LA REACCIÓN DEL SUPERINTENDENTE

Incluso ha rememorado que cuando entregó personalmente a Juan José García su citación como investigado en la causa judicial, éste reaccionó preguntando si "solamente" él iba a estar imputado en el caso.

En cuanto a la tesis de Juan José García respecto a que uno de los miembros del Gepol cobraba "fraudulentamente" un plus de 700 euros mensuales por labores de escolta que ya no prestaba, De la Rosa ha explicado que los agentes seleccionados para este grupo comenzaron a trabajar en el mismo "con lo que ya estaban cobrando" y después el plus de dicho agente fue suprimido cuando se decidió reducir de más de 60 a 18 el número de escoltas. Es más, ha asegurado que el conductor de Juan José García también cobraba dicho plus pese a que sus labores no se encuadraban en la escolta como tal.

Así, José Antonio de la Rosa ha defendido que el Gepol "no era ilegal" ni estaba "fuera de la jerarquía", exponiendo que los agentes de dicha unidad operaron dentro de la legalidad y descartando que se sirviesen de prácticas coercitivas para sus labores. De la misma manera, ha puesto de relieve las "presiones y tensiones" que sufrían los agentes del Gepol, pues al encargarse de investigaciones que afectaban a miembros de la propia Policía Local eran vistos por sus compañeros como "los malos", rememorando que uno de estos agentes solicitó abandonar la unidad después de que su vehículo particular fuese objeto de un sabotaje.

Para él, los miembros del Gepol destacaban por su "cualificación profesional", ostentando uno de ellos el rango de intendente y una licenciatura en Derecho, defendiendo que desarrollaron esta investigación "sin salir de las directrices" a las que estaban circunscritos.