Pisos turísticos
Una calle del centro de Madrid, una zona abundante en pisos turísticos. JORGE PARÍS

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a inspeccionar las viviendas turísticas denunciadas por la Asociación Vecinal de Sol y Las Letras.

Así consta en una sentencia fechada el pasado 30 de octubre, en la que se estima de manera parcial un recurso interpuesto por la entidad vecinal frente a "las resoluciones impugnadas, por no ser conformes a derecho". Los vecinos se quejaban de la situación fuera de la legalidad en la que se encontraban las viviendas que se alquilan por días y que generaban molestias sin pagar permisos los permisos pertinentes.

De este modo, el tribunal ordena al Ayuntamiento de Madrid a instruir y resolver los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística y sancionador. Contra el fallo, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de 15 días.

De esta manera, se resuelve el recurso presentado por la entidad vecinal ante "la inacción" del Consistorio en materia de control de la actividad alegal de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) ubicadas en la calle Costanilla de los Desamparados, 4. En el mismo fallo, el tribunal obliga al Ayuntamiento a concluir en el plazo de seis meses sus trabajos de control y disciplina urbanística. Además, la administración municipal deberá pagar las costas judiciales.

Sin licencia

El fallo tiene su origen en "siete solicitudes de incoación de expedientes de disciplina urbanística con medida cautelar de suspensión de los actos de cambio de uso residencial a terciario de hospedaje en su categoría de VUT sin la preceptiva licencia municipal" que fueron presentadas por la asociación vecinal el 27 de julio de 2017.

Las demandas hacían referencia a la actividad de pisos turísticos ubicados en las calles Carretas 25, Costanilla de los Desamparados 4, Núñez de Arce 7, Núñez de Arce 9, Santa María 36, Ventura de la Vega 10, y Ventura de la Vega 13. En total, unas 250 viviendas que carecían de los permisos oportunos para una actividad que generaban situaciones conflictivas entre los vecinos y las personas que alquilaban estos pisos.

Cinco meses más tarde, ante la ausencia de cualquier tipo de notificación por parte del Ayuntamiento, la entidad acudió a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo "en solicitud de una respuesta judicial a la inactividad del Ayuntamiento en su obligación de tramitar nuestras siete denuncias".

"Gota gorda"

El presidente de la asociación vecinal, Víctor Rey, señaló que si la Administración opta finalmente por presentar un recurso de apelación "dará un testigo muy claro de la relación entre las palabras y los actos del Ayuntamiento en materia de pisos turísticos y reclamaciones vecinales".

Rey calificó la sentencia como una "gota malaya gorda, una más en la lluvia fina de las acciones del movimiento vecinal en su afán de limpiar de viviendas turísticas ilegales el tejido residencial de los barrios del distrito Centro".

La asociación de vecinos de Sol y Barrio de las Letras subrayó que la sentencia es la "primera que entra, al menos tangencialmente, al fondo urbanístico del problema", marcando "con claridad meridiana las obligaciones disciplinarias del Ayuntamiento en materia de pisos turísticos, una obligaciones aún no cumplidas en su totalidad, ni cualitativa, ni cuantitativamente".

Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Madrid ha comunicado que su labor inspectora ha tenido como consecuencia el cese de actividad a 147 pisos turísticos, mientras que otros 39 se encuentran muy cerca de recibir la orden. En el caso de 304 alojamientos se ha solicitado información complementaria a la Comunidad de Madrid, al no haberse podido verificar durante la inspección el ejercicio de actividad de viviendas de uso turístico.

La zona más afectada por los pisos turísticos es, con diferencia, el distrito Centro, aunque también hay un nivel de actividad destacado en Moncloa y Chamberí.

Ilegalización masiva

El Ayuntamiento aprobó inicialmente el verano pasado el Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje, que exigirá un acceso independiente para poder implantar uso de hospedaje en edificios residenciales.

Supondrá la ilegalización del 95% de los pisos turísticos. En la capital se ofertan entre 8.000 y 9.000 alojamientos para turistas.

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