La mujer se declaró culpable y se comprometió a devolver a las víctimas el dinero que les cobró, que asciende a un total de 7.550 euros. De hecho, ya ha reembolsado al conjunto de afectados 400 euros.
El juez condenó a la mujer a 18 meses de cárcel, pero sólo ingresará en prisión si finalmente no devuelve el dinero. La culpable también deberá pagar una multa de 1.800 euros. El pacto le libra de la amenaza de estar cuatro años en la cárcel, tal y como pedían ministerio fiscal y acusación particular, ejercida por la coordinadora de ONG, Harresiak Apurtuz.
A la empresaria se le acusaba de cobrar a inmigrantes (casi todos ellos africanos) entre 1.200 y 1.500 euros a cambio de ofrecerles un contrato de trabajo en varias empresas de hostelería sin infraestructura ni actividad. También se comprometía a darles papeles de regularización.
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