El PSdeG pedirá la modificación de la ley del suelo para "terminar con la indefensión de vecinos" como los de Casalonga, en Teo, y Grixoa, en Santiago, donde un proyecto de planta de residuos y un vertedero generaron contestación social por las eventuales consecuencias medioambientales y para la salud.

La diputada del PSdeG Patricia Vilán ha comparecido en rueda de prensa junto a la portavoz del PSOE teense, Uxía Lemus, y el de Compostela, Paco Reyes, quienes han advertido la "afectación de manera muy directa" de estos enclavamientos.

De hecho, Lemus ha avisado de que Teo sigue "con la espada de Damocles" puesto que hay "noticias sobre un tercer proyecto" para recuperar la cantera.

Por su parte, Reyes ha reclamado la "suspensión de toda actividad" en la cantera de Miramontes, en la que, según ha afirmado, se detectó concentración de amianto.

"Las canteras se están utilizando como un vaso donde colocar todo lo que no sabemos dónde poner", ha expuesto Vilán, crítica con que estos espacios acojan residuos industriales "peligrosos" y "mezclados" con urbanos, pese a que, como ha recordado, el presidente de Sogama negó este último extremo.

Por ello, al considerar que en estos puntos, que "son dos ejemplos pero no son únicos", existen proyectos "poco garantistas" para el medio ambiente y que incluyen obligaciones de restauración en algunos casos "ridículas", el grupo socialista reclamará "poner fin a esta indefinición".

"Por un lado, la Administración autonómica no puede mirar para otro lado, tiene que ejercer sus competencias y cumplir sus obligaciones", ha subrayado, antes de incidir en que "hay que terminar con la indefensión de los vecinos" y "apoyar a los ayuntamientos, sobre todo los pequeños", en la elaboración de informes.

"MUY SENCILLO"

La modificación que solicita el PSdeG, ha concluido, "es muy sencilla", puesto que afecta a dos artículos y dos disposiciones transitorias. De ahí que espera que el grupo mayoritario la acepte. "Si no, puede haber delitos medioambientales", ha finalizado.

El cambio también incluye la pretensión de que en un plazo "no superior a dos años" el Gobierno haga "un reseteado de todas las instalaciones" y "que vea si se cumplen las condiciones" que ahora demanda el grupo socialista.

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