La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha defendido ante el pleno el texto del proyecto de ley de modificación durante el debate de totalidad y ha subrayado que el texto ha sido sometido "a un amplio proceso participativo".

El objetivo de la reforma es "colocar a la infancia en el centro de la acción protectora" y crear una red institucional, para lo que se plantean nuevos mecanismos, como la atención inmediata en situaciones de urgencia para niños y niñas.

Ha mencionado otras mejoras como la introducción de nuevos conceptos de acogimiento familiar -de urgencia, especializada y profesionalizada-, partiendo de la preferencia que figura en la ley estatal por éste respecto a las residencias, que también prioriza el interés superior del menor y el derecho de los niños y niñas a ser oídos y escuchados en todos los procesos decisivos que les afectan.

La consejera ha deseado que se incluya a través de enmiendas la propuesta del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, de crear en el seno de esta institución la figura del Defensor del Menor en la Comunidad.

La diputada del PP, Ana Marín, ha criticado la ausencia de una memoria económica y de otros documentos previos, como un estudio de conciliación y otro sobre el impacto de género, a pesar de que el Gobierno de Aragón "presenta tres años y medio después" la transposición de la ley estatal, de 2015, y que es "novedosa y buena para la infancia".

LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD

La parlamentaria del PSOE, Pilimar Zamora, ha considerado que "podemos y debemos aprobar esta ley antes de que se disuelva el parlamento", una norma que va a contribuir a "luchar contra la desigualdad en los primeros años de vida" en una sociedad "que no puede entenderse sin escuchar a los niños y niñas".

La diputada de Podemos, Itxaso Cabrera, ha expresado una "gran duda" sobre si esta ley va a poder terminar su trámite antes de que se disuelvan las Cortes de Aragón el próximo mes de marzo, para señalar algunas carencias de la propuesta del Gobierno, como la falta de una memoria económica que impedirá "incrementar el personal y los medios que se recogen en ella".

La parlamentaria del Partido Aragonés, Elena Allué, también ha opinado que en cuatro meses "no va a ser posible" aprobar una ley cuyo proyecto ha llegado "con retraso" después de haber sido sometida a un proceso de participación del que "solo se han tenido en cuenta el 54 por ciento de las propuestas formuladas".

La diputada de Ciudadanos, Desiré Pescador, ha coincidido en que se ha perdido "un tiempo preciado, que algunos de nuestros menores no tienen, cuando la infancia ha de ser una prioridad", una política "que hay que ver como una inversión y no como un gasto" porque "lo que no se resuelve" en esa etapa "no se podrá resolver de adultos".

La parlamentaria de CHA-Grupo Mixto, Carmen Martínez, ha resaltado que el texto "refuerza el interés superior del menor" en el marco de una política del Gobierno autonómico "que se centra en las personas", para anunciar que si no hay una enmienda conjunta para que la Defensoría del Menor dependa de la institución del Justicia, su partido la presentará individualmente.

iDENTAL

Por otra parte, el pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón destinada a "hacer menos dura la carga de la estafa de iDental".

Así lo ha explicado el diputado del PP, Fernando Ledesma, grupo proponente de esta iniciativa, que pretende añadir un artículo a la citada ley donde se reconozca a la Administración pública aragonesa la posibilidad de poder ejercer la acción popular en procedimientos penales de fraude que afecten a una amplia pluralidad de consumidores y usuarios especialmente protegidos y residentes en Aragón.

El diputado del PP ha recordado que se trata de un "pequeño gesto técnico" a raíz del juicio de la Audiencia Nacional "contra los estafadores de iDental", para añadir que una vez que se habilite esta posibilidad, deberá ser el Ejecutivo autonómico quien toma la decisión de si ejercer esta acción o no.