El Tribunal Supremo celebrará este miércoles una vista en la que estudiará si confirma la sentencia que condenó al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, declarada ilegal por el Constitucional.

Una cita a la que en principio no tiene por qué acudir el antecesor de Carles Puigdemont al frente del Gobierno catalán, sino solo su abogado, y en la que el alto tribunal estudiará su recurso de casación y los de la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictada en marzo de 2017.

Los tres fueron condenados a penas de inhabilitación (2 años en el caso de Mas, año y nueve meses en el de Ortega y año y medio en el de Rigau) por "pervertir" los principios de la democracia básicos para la "convivencia pacífica" al mantener la consulta del 9-N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Una convocatoria que llevó a los tres junto al exconseller Francesc Homs a juicio a principios de octubre, en este caso ante el Tribunal de Cuentas, por su supuesta responsabilidad contable en la desviación de fondos para el 9-N, y que aún está a la espera de sentencia.

En sus recursos ante el Supremo, Mas, Rigau y Ortega invocaron sus derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión en busca de su absolución.

Alegaron que sus condenas vulneraron hasta cinco preceptos constitucionales y que el TSJC erró en la valoración de algunas pruebas, no practicó una serie de diligencias solicitadas en tiempo y forma e incurrió en una serie de contradicciones.

La Fiscalía, pese a que anunció que recurriría la sentencia buscando una pena más severa por un delito de prevaricación del que el TSJC absolvió a los condenados, finalmente no lo hizo.

De hecho, el propio ministerio público se manifestó en contra de admitir a trámite los recursos de los condenados -o, en su caso, optó por desestimarlos- e incluso consideró innecesaria la celebración de una vista.

Para la Fiscalía, en el 9-N no existía el derecho a votar puesto que era una consulta que el TC proclamó inconstitucional.

"El ejercicio de los derechos y libertades públicas se desvincula de su genuino fundamento cuando su prevalencia se impone a costa de destrozar el edificio normativo y los equilibrios proclamados por el poder constituyente", aseguró la Fiscalía.

Serán cinco los jueces que integren la Sala, presidida por Luciano Varela, que estudiará mañana a partir de las 10.30 horas si respalda la sentencia dictada por el TSJC o si la revoca o endurece.

Independientemente de lo que diga el Supremo -que condenó por dicha consulta en otro procedimiento al exconseller de Presidencia Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación y a 30.000 euros de multa-, Mas ya anunció en su día que llevaría el caso a instancias europeas.