El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ha declarado hoy que no recurrirá la sentencia que obliga al urbanizador privado a costear íntegramente la reparcelación del plan parcial Benalúa Sur aunque ha augurado que esta decisión ocasionará un "retraso importantísimo" en las obras.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 ha dado la razón al recurso del ex portavoz socialista Manuel de Barros contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de pagar la mitad del coste de los trabajos.

De Barros entendía que esa decisión iba en contra del interés de las arcas municipales porque inicialmente el Plan de Actuación Integrada (PAI) de Benalúa Sur, aprobado en pleno en 1999, preveía que el promotor pagara todos los gastos de urbanización.

En el pleno municipal extraordinario de hoy para aprobar los presupuestos de 2008, Díaz Alperi ha dicho que "nadie está más satisfecho" que él por la sentencia, que en principio hace que las arcas municipales no deban gastar por el citado concepto cerca de 300.000 euros.

Alargamiento de los trabajos

Sin embargo, ha continuado que es previsible que la mercantil "recurra", lo que provocará que la urbanización de la zona, donde se prevé el nuevo colegio público de Benalúa, entre en "un proceso de alargamiento" y de "retraso importantísimo".

A su vez, ha vaticinado que esto causará que el Ayuntamiento "deje de ingresar" cuantiosas partidas, como en concepto de licencias, por lo que ha concluido que "a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno".

También ha apuntado que, en su día, los socialistas tenían derecho a recurrir ante los tribunales, algo que ha dicho que le "parece muy bien y estupendo", aunque ha recalcado que el Ayuntamiento todavía no podrá dedicar los cerca de 300.000 euros a otras partidas ante la posibilidad de que haya el citado recurso.

Díaz Alperi ha recordado que la decisión del equipo de gobierno popular de pagar la mitad de los costes era todavía más ventajosa para las arcas públicas que la opción defendida por el entonces técnico municipal Miguel Garulo, del que dijo que después fue elegido por el Gobierno socialista gerente de la sociedad por el soterramiento (Avant), ya que éste defendía que todo el dinero fuera aportado por el consistorio.