La ministra de Hacienda,  María Jesús Montero, señaló este martes que las comunidades autónomas calculaban en 5.000 millones de euros el potencial impacto de la devolución del impuesto asociado a las hipotecas  en caso de que el Supremo decidiese que debe pagarlo el banco, con una retroactividad de cuatro años. Un dinero que no deberán devolver ahora tras la sentencia final del Tribunal.

Durante su intervención en el 'Foro Cinco días', la ministra subrayó que el Gobierno tenía preparado un "plan" en caso de que la sentencia fuera favorable a los compradores de vivienda, de manera que se coordinen las actuaciones con comunidades autónomas y entidades financieras.

Ese plan contemplaba el potencial impacto de que estas devoluciones, aunque sean temporales, afecten al déficit público, es decir, que coincida con la reclamación a las entidades financieras para que el déficit no lo tengan que soportar las cuentas públicas.

"Si eso ocurriera", ha advertido Montero, supondría un incremento de cuatro o cinco décimas en el objetivo de déficit, lo que "pondría en riesgo la salida del procedimiento del déficit excesivo".