PSOE niega la venta del psiquiátrico de Parayas y PRC dice que rehabilitarlo "no es prioritario"

  • SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha negado este lunes en el Pleno del Parlamento que el Gobierno regional tenga previsto vender la finca del psiquiátrico de Parayas. Mientras tanto, el PRC ha afirmado que rehabilitar este centro, cerrado hace dos años tras el traslado de los pacientes a Liencres, "no es una prioridad".

Así lo han señalado la socialista Silvia Abascal y la regionalista Rosa Valdés, respectivamente, durante el debate de una moción sobre este tema, impulsada por el PP y negociada con Podemos, que ha sido rechazada con el voto en contra de PSOE y PRC y la abstención de Ciudadanos.

La moción instaba al Gobierno regional a no vender en ningún caso la finca del centro psiquiátrico de Parayas, en Maliaño, y a realizar en el plazo de tres meses un estudio de posibles usos como dotación sociosanitaria y un plan de inversión para su rehabilitación de acuerdo al uso elegido.

La portavoz del PP, Isabel Urrutia, ha reiterado que la decisión de vender el psiquiátrico está "tomada", pese a que el consejero de Economía, el socialista Juan José Sota, aseguró la semana pasada que "no hay nada decidido".

El PP sostiene que la "orden" de venta está dada porque se ha segregado el espacio que ocupa el centro de menores; se ha solicitado certificado de propiedad y valoración; y no se ha tomado ninguna medida de seguridad durante dos años para evitar robos.

PSOE: "NO HAY VENTA"

Por parte del PSOE, partido que dirige la Consejería de Sanidad, la diputada Silvia Abascal ha asegurado que "no hay venta" y ha afirmado que las "pesquisas y conclusiones" de Urrutia son "erróneas". Así, ha señalado que la documentación a la que alude se ha tramitado porque el Gobierno "está en proceso de incluir el centro como bien patrimonial".

Tanto Abascal como su homóloga del PRC, Rosa Valdés, han reprochado al PP que pida ahora la rehabilitación del psiquiátrico de Parayas cuando durante su mandato "no quiso invertir en él y permitió su deterioro". Valdés ha dicho que invertir en "un edificio obsoleto, sin pacientes y con problemas estructurales no es prioritario y puede poner en peligro otras inversiones".

El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha dicho que el PP no tiene "ninguna credibilidad" para formular esta propuesta cuando durante su mandato cerró la residencia de ancianos La Pereda.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha recalcado que el psiquátrico de Parayas "está bien cerrado", y aunque "discrepa de muchas de las consideraciones" del PP, otras las considera "razonables" y coincide en que la finca debe seguir siendo pública y acoger usos sociosanitarios como así está clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana de Camargo.

COSTERA DEL BONITO

Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha rechazado también una proposición no de ley del PP que instaba al Gobierno de Cantabria a mostrar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el "malestar" que ha originado en Cantabria la "deficiente" gestión de la reapertura de la costera del bonito; y a reprobar al director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, José Ignacio Gandarias Serrano, por "la manifiesta incompetencia con que se ha comportado".

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha explicado que la iniciativa -rechazada con el voto en contra de PSOE y PRC y la abstención de Podemos y Cs-, trata de "dar voz a la queja de los pescadores", aunque "le consta" que la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, que dirige el regionalista Jesús Oria, envió un escrito de queja al Ministerio.

Podemos y Cs, aún compartiendo que la gestión de la reapertura de la costera por parte del Ministerio fue "muy deficiente", se han abstenido porque el Gobierno ya ha trasladado el malestar de los pescadores al Ministerio y porque consideran excesiva la reprobación propuesta por el PP.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Cs que insta al Gobierno a llevar a cabo cursos de reanimación cardiopulmonar para formar a los trabajadores de los centros públicos, y trabajar para que se realicen también en centros educativos y universitarios y en las empresas.

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