El pleno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo se ha reunido este lunes para analizar la doctrina de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas. Finalmente, el pleno ha sido suspendido hasta este martes, cuando seguirán las deliberaciones.

En una controvertida sentencia, el Supremo modificó su jurisprudencia anterior e interpretaba el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, concluyendo que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.

El "negocio inscribible", aclaraba la sentencia, es la hipoteca, y el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

Sólo un día después del fallo conocido el pasado 18 de octubre, el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, anunció que dado el "giro radical" en la jurisprudencia y la "enorme repercusión económica y social" provocados por la sentencia, se convocaba un pleno para aclarar los cabos sueltos.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avanzado que, en función de la sentencia, el Gobierno estudiará articular "algún tipo de ayuda" a las autonomías para que no les afecte a su situación financiera.

En la rueda de prensa tras la Ejecutiva del PSOE, Ábalos ha confiado en que haya una "resolución clara" del Tribunal Supremo, que continúa la deliberación sobre la doctrina, dictada en octubre, en la que atribuía a la banca, y no al cliente, el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de una hipoteca.

Pero, en todo caso, Ábalos ha recordado que este impuesto está transferido a las comunidades autónomas que podrían tener que afrontar la devolución del dinero, si se declara la retroactividad de la doctrina, y si es así habrá que articular "algún tipo de ayuda" para que no les afecte en su situación financiera ya difícil.

Fuentes jurídicas han explicado a 20minutos.es que el pleno no va a revocar la sentencia, sino a perfilar cuál es su alcance, es decir, si se aplica a las hipotecas que se firmen a partir de ahora o se retrotrae cuatro años atrás. Y es que, dado que el impuesto prescribe a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo.

De los 31 magistrados que componen el pleno sólo se han reunido 28, ya uno de ellos está de viaje, otro preside este lunes la Junta electoral Central y un tercero se ha abstenido por razones personales, según han informado fuentes jurídicas. Las mismas fuentes han explicado que el pleno podría prolongarse todo el día, e incluso su resultado podría conocerse mañana.

El objeto de la reunión, convocada por el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, tan sólo un día después de conocerse que son los bancos los que deben hacerse cargo del impuesto no es corregir dicha doctrina, sino revisar, matizar y analizar sus consecuencias y su alcance. Es decir, si efectivamente han de ser las entidades las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, y desde cuándo. Y es que, dado que el impuesto prescribe a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo.

La agencia de medición de riesgos Moody's cree que lo más probable es que la banca acabe pagando sólo a partir de ahora el impuesto por la firma de hipotecas, pero en caso de que la retroactividad se ampliara hasta cuatro años, la factura ascendería a 2.300 millones de euros. De momento, y sólo en caída de la cotización bursátil, los bancos han sufrido ya un descalabro de más de 5.000 millones de euros.

Las asociaciones de consumidores, por su parte, han valorado la decisión de que sea el banco el que se haga cargo del impuesto. Entre ellas, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha defendido este lunes en un comunicado que se trata de un contrato entre banco y cliente, es decir, un asunto civil de cláusulas abusivas y por tanto imprescriptible.

La asociación de consumidores ha convocado numerosas asambleas informativas durante esta semana en las principales ciudades españolas para aclarar el alcance de la resolución del Alto Tribunal y los pasos a dar para "reclamar frente al abuso de la banca sobre seis millones de hipotecas".

En un comunicado, Adicae asegura que "va a continuar agrupando la reacción de los consumidores y seguirá con su hoja de ruta con la interposición de casi 80 demandas colectivas, en un contexto en el que la cláusula de los gastos hipotecarios ya fue declarada nula en 2015 por el Tribunal Supremo, y pese a las amenazas del sector bancario que se traduce en engañar a la opinión pública haciéndola creer que la discusión se reduce a un asunto fiscal".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que el Tribunal Supremo se juega el prestigio al decidir la doctrina sobre si es el cliente o el banco el que debe asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. "El Supremo, al dictar esta resolución, evidentemente se va a jugar el prestigio en términos de necesidad de aplicar el ordenamiento jurídico debidamente y realizar el valor justicia", ha comentado en declaraciones a la Cadena Cope al ser preguntado por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal que se reúne este lunes para resolver esta cuestión.

El titular de Interior ha aclarado que "todos los tribunales todos los días y dictando las sentencias se juegan el prestigio en términos de aplicar lo que es el valor justicia".

Por otro lado, el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres Vila, ha asegurado que el banco respetará la sentencia del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, aunque ha opinado que los bancos han cumplido la ley que estaba vigente, por lo que "no puede ser" que un cambio en la misma "afecte al que ha cumplido".

El consejero delegado de BBVA y próximo presidente de la entidad ha dictado una conferencia en la Universidad de Deusto, en Bilbao, sobre la transformación digital de la banca. Allí se ha referido a la reunión del Tribunal Supremo (TS), que debe confirmar hoy si son los bancos los que deben pagar el impuesto de las hipotecas, y si lo hacen con efectos retroactivos. Hasta ahora era el cliente el que pagaba el impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.

El consejero delegado del BBVA, tras reconocer que no sabe "qué va a pasar", ha expuesto dos argumentos: el primero, ha recordado, que los bancos no han ingresado el importe del impuesto, ya que "lo han ingresado las haciendas de las comunidades autónomas"; el segundo, que esto ha sido así "no porque los bancos hubiéramos puesto una cláusula, sino porque lo decía un reglamento, que era la legislación vigente hasta la sentencia del Supremo. Veremos qué dice y lo acataremos, pero lo que no puede ser es que un cambio de norma afecte al que ha cumplido la ley".