Se trata de una normativa que ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno como anteproyecto de ley, cuenta con el respaldo de todos los colectivos afectados y aspira, según ha dicho Díaz Tezanos, a lograr la unanimidad de los grupos parlamentarios para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI, así como el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género o cualquier otra forma de expresión o vivencia de la sexualidad en la región.

Así se lo ha trasladado a la presidenta de la Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ALEGA) de Cantabria, Kiara Brambilla, durante la reunión que ambas han mantenido, junto a la directora general de Política Social, Ana Isabel Méndez, para analizar la importancia de sacar adelante una ley sobre derechos humanos que pretende acabar con "todo tipo de discriminaciones que tengan como origen la orientación sexual y/o la identidad de género".

Partidaria de seguir avanzando en la garantía de los derechos de las personas LGTBI para que puedan desarrollarse de forma "saludable, libre y plena en condiciones de libertad y dignidad", Díaz Tezanos ha considerado, a través de un comunicado, que esta Ley "permitirá luchar con más eficacia contra las conductas de odio y prejuicio que aún existen en la sociedad hacia las personas con una orientación no heterosexual".

Por su parte, la presidenta de ALEGA ha agradecido al Gobierno de Cantabria que haya decidido aprobar este anteproyecto de ley y ha confiado también en que cuente con la voluntad política necesaria para que se tramite "con urgencia" en el Parlamento para ser una realidad antes de que finalice la legislatura.

"Somos optimistas, pero a la vez tenemos miedo de que se dilaten demasiado los tiempos en la tramitación parlamentaria y la ley se quede abocada a la incertidumbre ante unas nuevas elecciones", ha manifestado Brambilla, quien ha recordado que Cantabria es una de las cuatro comunidades autónomas que aún no cuenta con esta Ley.

OBJETIVOS

Elaborada por la Dirección de Política Social, en coordinación con distintos departamentos del Gobierno regional, esta norma pretende amparar a todas las personas víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual en cualquier ámbito, garantizando que las conductas discriminatorias y los delitos de odio cuenten con el más contundente rechazo legal, institucional, político y social.

Además, contiene una serie de disposiciones para proteger a las personas menores transexuales que alcanza a una multiplicidad de áreas de actuación en todo el Gobierno autonómico con un texto que contiene los principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, las medidas de acción positiva a ejecutar y las políticas públicas a desarrollar, así como también reconocer el derecho a la autodeterminación de género para que las personas puedan ser tratadas públicamente de acuerdo con su identidad de género libremente determinada.

Así, promueve medidas en el ámbito educativo, sanitario, de protección social, de no discriminación en el entorno laboral, así como el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, los medios de comunicación, en materia de empleo público y de garantía de la igualdad de oportunidades.