Casi un centenar. Las familias españolas que se han declarado en quiebra han crecido un 81% en un sólo año. Han pasado de las 53 que hubo en 2006 a las 96 de 2007. En total, 213 en poco más de tres años, desde que en septiembre de 2004 se aprobó la Ley Concursal, una fórmula similar a la suspensión de pagos que utilizan las empresas cuando se encuentran en bancarrota y a la que las familias pueden recurrir si se ven incapaces de afrontar su deuda.

«La desaceleración económica que vive España es la principal causa de estos casos de insolvencia, que si bien es cierto que no son cifras escandalosas ni se espera una avalancha, si hay una clara tendencia alcista», explica a 20 minutos Inés Landín, directora del Registro de Economistas Forenses, que gestionan estos procesos. Los niveles de endeudamiento están haciendo mella en muchas economías familiares. El número de hogares que deben más del 40% de su renta, el límite en el que los bancos consideran a un cliente «peligroso», se ha duplicado en cinco años, al pasar del  6,7% de 2002 al 12% actual, según los últimos datos del Banco de España.

Paro y enfermedades

Landín, no obstante, matiza que no se puede hablar exactamente de familias, ya que el 70% de los que se declaran en quiebra son personas solas.  «Acumulan varias circunstancias negativas: se quedan en paro, a veces hay alguna grave enfermedad que les aparta de la vida laboral y, sobre todo, una mala gestión que les lleva al sobreendeudamiento».

La mayoría recurre a la Ley Concursal para llegar a un acuerdo con todos sus acreedores y reducir así su deuda, o para que un administrador concursal establezca los plazos y fórmula de devolución.