El decano, Francisco Javier Lara, ha destacado que para el Colegio de Abogados "es fundamental que este servicio se preste como un servicio público, porque el objetivo es ayudar a personas y familias desfavorecidas en riesgo de perder su vivienda".

Ha explicado que en torno a una treintena de profesionales de la abogacía son los que se dedican a prestar dicho asesoramiento legal, "compañeros que tienen una formación específica en este ámbito, para un servicio que se atiende de forma diaria".

Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha explicado que con esta rúbrica "se pone de manifiesto que hay una voluntad clara por parte de ambas instituciones de apoyar a aquellas personas que en un momento determinado se vean en una situación de dificultad para pagar sus viviendas", por ello, ha precisado "el acuerdo amplía también el servicio que hasta ahora se venía prestando para el caso de impago de renta por alquileres".

Así, aquellos ciudadanos que se encuentren en esta situación de dificultad podrán solicitar este servicio de asesoramiento legal, que se presta de forma gratuita, acudiendo al Consistorio. La atención a estas personas se presta en las dependencias de la delegación del Colegio de Abogados en Marbella.

"Para nosotros era fundamental que se siguiera llevando a cabo un servicio que también estará operativo el próximo año y para el que destinaremos una partida de 25.000 euros en los presupuestos del próximo año, la misma cuantía que se contempla en el acuerdo que hemos ratificado hoy", ha destacado Muñoz.

MEDALLA DE HONOR

Por otro lado, el Colegio de Abogados ha entregado la Medalla de Honor al juez decano de Marbella, Ángel José Sánchez, en reconocimiento a las facilidades que presta a los profesionales de la Abogacía para que realicen su labor con todas las garantías y por su constante implicación en las acciones y actividades de esta Corporación, así como por su apoyo en las reivindicaciones para conseguir una sede judicial digna en el Partido Judicial de Marbella.

Así lo ha puesto de manifiesto el decano de los letrados malagueños, Francisco Javier Lara, quien ha destacado que el magistrado "se ha ganado el respeto de los abogados y así se lo reconocemos en este acto, una distinción que aprobó la Junta de Gobierno por unanimidad".

También han participado en el acto los alcaldes de Marbella y Ojén, Ángeles Muñoz y José Antonio Gómez, respectivamente, según han informado desde la institución colegial.

Muñoz ha subrayado la implicación de Sánchez en el apoyo de las infraestructuras judiciales que se requieren en Marbella y ha afirmado para el Ayuntamiento es un "estupendo colaborador" en la defensa de la Ciudad de la Justicia y una persona próxima, que siempre está dispuesta a ayudar, por lo que esta distinción que hoy recibe de manos del Colegio de Abogados es "más que merecida".

El juez decano se ha mostrado "honrado y enorgullecido" por el homenaje y ha incidido en la "función esencial" que desempeñan los abogados en la sociedad. Sánchez ha afirmado que en los 17 años que lleva en Marbella ha sentido la "colaboración, respeto y aprecio" por parte de los abogados, y ha recordado su intensa colaboración en materia de formación con el Colegio, a través del Máster Universitario en Abogacía y de diferentes cursos de Derecho Procesal, principalmente.

Por otra parte, en el acto han recibido una distinción cinco letrados que participaron en los talleres Taseval, por el que personas que han sido condenadas por delitos contra la seguridad vial podido realizar el programa de reeducación fuera del Centro de Inserción Social, en este caso en las dependencias del Colegio de Abogados en Marbella.

Se trata, han explicado desde el Colegio, de una iniciativa pionera en España que ha sido posible gracias a un convenio entre la corporación colegial y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, puede desarrollarse en Marbella. Los letrados distinguidos son José Lorenzo Segovia, Juan Antonio Romero Bustamante, Sergio García Serrato, Elisa Blázquez Buceta y Miguel Ángel Ortiz Ortega.

El decano ha explicado que se trata de un programa de "altísimo interés social", que viene a facilitar el cumplimiento de las condenas para aquellas personas que hayan sido condenadas a 60 o menos jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, teniendo en cuenta que antes debían desplazarse a Málaga capital pese a que en muchos casos se les había retirado el permiso de conducir, por lo que se les facilita el acceso al programa.

También han jurado ocho nuevos letrados, que se incorporan así al ejercicio profesional. Los jurandos han sido David Díaz, Lidia María Gómez, Patricio Camtos, Luis Castells, Gonzalo Bentabol, Cristina Serrato, Juan José Gargallo y Lucía Alcalá. Como padrinos han actuado Federico Vallés, Berta López, Juan Carlos Vila, Nicolás Navarro, Jorge Rafael Muñoz, Elisa Saraci, María Eva García, Salvador Guerrero Palomares y Antonio Alcalá -expresidente de la Audiencia Provincial de Málaga-.