La medida había sido solicitada por la Asociación de Vecinos, Consumidores y Usuarios del centro histórico de Zaragoza "Reyes de Aragón" alegando, entre otras razones, que el interés público coincide con sus intereses como recurrentes por lo que sería conveniente la paralización de las obras.

Frente a lo argumentado por los recurrentes en cuanto a que la paralización de las obras no causaría perjuicio a nadie, la magistrada considera en su auto que, "la paralización de las obras perjudicaría al resto de los ciudadanos, a los comerciantes, proveedores, turistas y a los vecinos de los inmuebles de la calle Don Jaime y adyacentes, que verían extendida en el tiempo las afecciones inevitables (pavimento sin reponer, restricciones del tráfico) en toda obra viaria".

En definitiva, "unas obras inconclusas generarían a los ciudadanos mayores perjuicios que los que se pretenden evitar con la paralización de las mismas; y en todo caso existe un interés público evidente que ha de situarse por encima del de la parte recurrente".

Por ello, ha denegado la adopción de medidas cautelares y no hace expresa imposición de las costas. Contra el auto dictado cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de 15 días.