Así lo ha informado este martes el candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga y parlamentario andaluz de Podemos hasta hace unas semanas, Juan Antonio Gil, y la coordinadora de IU Málaga, Remedios Ramos.

Gil ha asegurado que "nos tomaremos en serio el problema de dónde vivir y no mirar para otro lado y decir que todo depende del mercado, como hace el actual Gobierno andaluz, vamos a destinar al menos el 2,5 por ciento del PIB a política habitacional, como hacen los países europeos de nuestro entorno".

"Entendemos que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y sus amigos no tengan problemas en el pago de una vivienda, pero para el común de los mortales el pago de un alquiler se nos convierte cada vez más en un gravísimo problema, sobre todo en la provincia de Málaga", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "la precariedad ha llegado ya a todos los ámbitos de nuestra vida, y de forma tan virulenta que ya un trabajador no garantiza que se pueda pagar no ya una hipoteca, sino ni un alquiler".

En este punto, ha destacado que Andalucía y la provincia de Málaga se sitúan ya en los primeros puestos en cuanto a desahucios por impago de esta renta mensual. Además, ha continuado, en Málaga "la morosidad del alquiler se ha multiplicado por cinco en los últimos años y estos desahucios superan ya a los hipotecarios", consecuencias, de lo que ha calificado como "una segunda burbuja inmobiliaria".

De esta forma, ha destacado que el esfuerzo medio por familia en la provincia para pagar el alquiler llega ya al 40 por ciento de su renta disponible, cuando los expertos aconsejan que esta dedicación esté por debajo del 30 por ciento.

De igual modo, ha criticado "el proceso de gentrificación que sufren los barrios tradicionales, con la expulsión de muchas familias que no pueden soportar el aumento descomunal de los precios del alquiler".

Asimismo, Gil ha enumero las propuestas de Adelante Andalucía en materia de vivienda, como son crear el índice de precios del alquiler público de referencia; la Ley de Construcción de Vivienda de Precio Asequible, que obligue a las nuevas promociones inmobiliarias en Andalucía a destinar un 30 por ciento de las viviendas que las compongan a uso social; o la movilización de los pisos vacíos que se encuentren en manos de las entidades bancarias, particularmente auditando el complimiento del convenio de cesión de vivienda firmado con la Sareb.

IMPAGOS DE AYUDAS

Por otro lado, desde Adelante Andalucía han calificado de "frustración" que a 4.000 comunidades de vecinos en Andalucía, centenares en la provincia y varias decenas en Málaga capital, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta "no les pague las ayudas que solicitaron y les concedieron, en algunos casos, hace más de diez años".

En este sentido, han recordado que se trata de unas ayudas destinadas a "la instalación de ascensores, la construcción de rampas, y demás obras dirigidas a la corregir los problemas de accesibilidad, que harían posible la independencia real de amplios sectores de la población", elementos que llevan esperando para construirse "desde hace una década".

De esta forma, la formación ha destacado que la accesibilidad de la propia vivienda debería ser un derecho y que se debe agilizar el pago de estas subvenciones.

Ramos, por su parte, ha afirmado que en Málaga capital "necesitamos un Plan Integral habitacional para la zona de La Trinidad y El Perchel Norte, que implique a la Junta de Andalucía, pero también al Gobierno municipal y donde se pidan ayudas a la Unión Europea para reactivar esta zona de Málaga, un barrio insignia de la ciudad que actualmente lucha contra su deterioro".

Por otra parte, Ramos ha criticado que actualmente en Málaga se tenga el "máximo exponente de la vivienda como negocio y no como derecho de la ciudadanía".

En este punto, ha recordado que "estamos viviendo el lamentable espectáculo de cómo se destinan las vivienda a fines turísticos en lugar de ser habitadas por las personas, estamos viendo cómo en el centro histórico se está desplazando a las personas que viven allí, por culpa de las molestias y los ruidos de la turistificación desaforada, porque ya no pueden pagar el alquiler o porque se las está desahuciando".

También Ramos ha recordado que "son muchas las asignaturas pendientes que tiene la vivienda en Málaga", y que todas las administraciones deberían involucrarse en esta tarea.

En este sentido, ha indicado que en la ciudad existen 2.600 apartamentos turísticos legales, con un total de 13.000 plazas, de los que más de un 40 por ciento se sitúan en el centro histórico, pero que hay cientos de estos alquileres turísticos que no están regulados y coexisten con viviendas familiares.