El objetivo que se persigue es proteger a los consumidores frente a estas prácticas en determinados productos y los grupos plantean, además, se desarrollen mecanismos para la promoción del consumo de bienes perdurables y reparables.
Así consta en la propuesta de Compromís, con enmienda del PSPV, que ha sido aprobada en la comisión y en la que se insta a limitar la obsolescencia programada, una práctica que llevan a cabo determinadas empresas dedicadas a la fabricación de bienes mediante la cual un producto, después de un tiempo calculado por el propio fabricante durante la fase de diseño, se vuelve obsoleto.
La diputada de Compromís Mª Josep Ortega ha lamentado que esta práctica "supone toda una serie de gastos fijos a las personas, que ven cómo cada cierto tiempo tienen que cambiar inevitablemente de electrodomésticos, de teléfonos o de ordenadores con el problema económico que esto les puede suponer, y sin tener ninguna opción de reparar los aparatos".
Además, ha indicado que "desde un punto de vista medioambiental, la obsolescencia programada también aboca a una calamidad de proporciones perocupantes: se calcula en 11 millones de toneladas anuales los residuos que se generan actualmente de aparatos eléctricos y electrónicos. Y todo y las políticas de reciclaje e innovación, la cifra continúa subiendo".
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