El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luís Díaz Manzanera, ha asegurado en la Asamblea Regional que el departamento de Medio Ambiente de la Fiscalía ha reabierto el caso en el que se valorará la información aportada por los vecinos, se pedirán informes para "determinar la situación actual de ese terreno y acreditar con datos objetivos si hay delito y luego concretar posibles responsabilidades".

Díaz Manzanera ha apuntado que en el proceso tendrán que lidiar con la "posible prescripción" del delito. El caso se cerró en 2016 al no haber elementos suficientes para seguir la instrucción, tras la comunicación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que determina que El Hondón está contaminado y tiene radiactividad.

Durante su comparecencia, el fiscal superior también ha informado de que actualmente está en práctica de diligencias el procedimiento sobre el Mar Menor. "Estamos en fase de plena instrucción, que es cuando se tiene que ir delimitando el objeto del procedimiento y posibles responsables, si es que los hay", ha puntualizado.

El fiscal superior ha acudido a la Asamblea para presentar la memoria correspondiente al año 2017 a la presidenta de la Asamblea y a los grupos parlamentarios.

En este sentido, ha destacado los delitos contra la seguridad vial bajo los efectos de las drogas. Según ha dicho, existe un "nivel de impunidad" que impide llevar estos procedimientos a la vía penal, por lo que al final quedan en "simples sanciones administrativas".

En ese sentido, ha recalcado, se ha presentado una instrucción por parte del fiscal superior a las fuerzas policiales de tráfico para remitir a la Fiscalía este tipo de asuntos y que el fiscal se encargue de estudiarlo y de plantear la posibilidad de pronunciarse.

En cuando a los asuntos de maltrato a las mujeres y personas "desvalidas", Díaz Manzanera ha explicado que en la mayoría de casos las declaraciones de las víctimas suelen ser "la única prueba de cargo que se tiene para poder aplicar el derecho penal".

"Es un problema importante", ha dicho haciendo referencia a que la Fiscalía denuncia el 25% de estos casos, de los cuales más de la mitad se pide la absolución, mientras que el resto deriva de la retirada de la denuncia por malos tratos.

Por otro lado, ha perdido más medios humanos y materiales, ya que la Región es la cuarta comunidad en carga de trabajo y por cada 24.091 habitantes hay un fiscal. Además, ha pedido para Cartagena y Molina de Segura un "nuevo edificio" de justicia.