Sánchez, que se reunió la pasada semana con alcaldes y representantes sindicales, espera que tras haber interpuesto recursos de alzada, la Consejería "resuelva positivamente" conforme a sus pretensiones y puedan mantener en aplicación la Instrucción emitida por la Dirección General de Industria Energía y Minas de Andalucía el 15 de julio de 2015 sobre la presentación de garantías financieras de restauración, que permite el pago de un canon por tonelada de piedra extraída.

El presidente de la patronal del mármol y la piedra natural ha incidido en la "preocupante coyuntura" que atraviesan los explotadores de la Sierra de Macael, que según sus estimaciones "podría provocar la pérdida de 1.200 empleos directos". No obstante, permanece atento a que "sea la Consejería la que dé respuesta definitiva en el ámbito administrativo".

En este sentido, la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Natalia González, avanzó que el Gobierno andaluz trataría de buscar "la mejor solución" para que los empresarios del mármol de Macael (Almería) exploten los yacimientos de piedra natural al tiempo que la restauración de las canteras queden "garantizada", aunque no pudo garantizar una respuesta unitaria ni precisó si desde la Consejería se aboga por mantener dicha Instrucción o atender las disposiciones del Real Decreto 975/2009 -norma de rango superior- por las que se exige el aval bancario.

En cualquier caso, desde la Junta confían en dar respuesta a los recursos de alzada antes de que finalice este año o a principios de mes de enero, según las previsiones iniciales. Los empresarios creen que, de no resolverse dichos recursos conforme a sus intereses, las consecuencias económicas para el sector "serían muy lesivas".

Frente a esta postura, desde Almería, el delegado territorial de Conocimiento y Empleo, Miguel Ángel Tortosa, asegura que es posible dar "facilidades" a los empresarios del mármol de Macael para poner los avales bancarios que se les requiere y que en los últimos meses ha motivado más de 80 expedientes administrativos.

Según Tortosa, solo hay una decena de casos en los que se pide un aval por encima de los 300.000 euros mientras que el grueso -unos 26- se sitúan en avales por cantidades que oscilan entre los 10.000 y 30.000 euros.