Sin embargo, el extesorero ha rechazado que la cuantía detraída de las cuentas de Cáritas sea de 233.634 euros, tal y como sostiene la entidad. Por eso, desde Fiscalía, que pedía inicialmente cuatro años de prisión lo ha dejado en dos. En lo que respecta a la responsabilidad civil deja en manos del tribunal el que finalmente fije la cantidad a la que deberá hacer frente.

No solo ha rebajado la solicitud de penas el Ministerio Fiscal, también la acusación particular en representación de Cáritas Diocesana de Jaén ha rebajado de seis a cinco años de prisión, aunque ha mantenido la responsabilidad civil de 233.634 euros.

La diferencia de algo más de 96.000 euros entre lo que el extesorero reconoce haberse llevado y lo que mantiene Cáritas que se apropió, es lo que ha impedido cerrar un acuerdo entre las partes que llevara a una sentencia de conformidad.

"Tengo voluntad de reponer el daño a Cáritas, pero no en esa cantidad", ha dicho F.L.S.A. ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén encargado de juzgar el caso. Ha reconocido que desde 2010 hasta 2017 haber detraído diversas cantidades a Cáritas para "sanear" las cuentas privadas de la empresa en la que trabaja. Según su declaración se llevó 137.124 euros, dinero que estaría dispuesto a devolver.

Ha apuntado que en aquellos años en los que él era tesorero no se llevaba una contabilidad y que lo máximo que se hacía era informar de las cuentas en un boletín mensual con ingresos y gastos que se colgaba en el tablón de la parroquia. Ha señalado que de muchas cuestiones no había facturas, aunque todo estaba "justificado", otra cosa es que "sirva o no como justificación" a la acusación particular.

No se ha sentado solo en el banquillo. Le ha acompañado F.G.L., de 61 años, administrador único de la empresa a la que se dirigió el dinero supuestamente sustraído para hacer frente al pago de proveedores e incluso de las nóminas. F.G.L. ha reconocido también que era conocedor de que había dinero que procedía de las cuentas Cáritas en Úbeda, pero ha señalado que "desconoce" a cuánto ha podido ascender ese dinero.

G.G.L. ha dicho que él tenía "fe ciega" en su empleado y era su "hombre de confianza" por lo que le dejó hacer hasta que se descubrió lo que estaba ocurriendo.

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana en Jaén, Rafael López-Sidro, ha declarado como testigo que el caso comenzó a destaparse en 2015 cuando ya se había decidido centralizar la gestión de las nuevas Cáritas interparroquiales de la provincia de Jaén. Fue la de Úbeda "la única que dio problemas" a la hora de justificar gastos e ingresos.

La auditoría de los últimos cinco años encargada desde Cáritas Diocesana reflejó las presuntas irregularidades y puso de manifiesto que se habían detraído fondos. Además, muchos de los gastos en este periodo de tiempo como 40.000 euros en pan para el dispositivo de inmigrantes temporeros no venía avalado por las facturas correspondientes.

"Lamentablemente hay gastos que no tienen sustento jurídico alguno", ha dicho López-Sidro, por lo que Cáritas "no puede aceptarlas como veraces".

Según recoge el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, F.L.S.A., "actuando como tesorero de Cáritas Interparroquial de Úbeda desde el año 2001, y obrando con un ánimo manifiesto de obtener un lucro a costa de lo ajeno, procedió desde el año 2010 y hasta su cese fulminante en 13 de enero de 2017 a apoderarse de diversas cantidades de dinero".

Unas veces mediante reintegros en efectivo y otras utilizando cheques de hasta seis entidades bancarias, el acusado, siempre según la versión del fiscal, logró hacerse con 233.634 euros. En esta cantidad, se engloban los 24.502 euros que supuestamente también se apropió en acusado procedentes de la cuenta de La Casa de la Iglesia, a nombre de la parroquia de Santa Teresa de Úbeda.

El entonces tesorero de Cáritas en Úbeda, "puesto de previo y común acuerdo con el otro acusado", utilizó "todo o gran parte del dinero indebidamente apropiado para el pago de proveedores, e incluso de las nóminas de la mercantil" de la que era administrador único el otro acusado y de la que el extesorero de Cáritas ha sido trabajador durante toda su vida laboral.

El Ministerio Público considera que los dos acusados eran "perfectamente conocedores del origen del dinero indebidamente apropiado" y que fue desviado a esta empresa privada dedicada a la venta de calzado. El juicio ha quedado visto para sentencia.