En las sentencias, el TSJA reconoce el derecho del Estado a regular las materias y contenidos de las enseñanza, por lo que desestima los recursos de los padres que entendían que cursar esta asignatura iba contra su libertad de conciencia y sus convicciones morales. Y establecen que ni la regulación jurídica ni los contenidos de la asignatura vulneran derechos fundamentales, por lo que no existe un derecho a la objeción de conciencia en este caso.

Dicen que los contenidos de esta asignatura "no pueden considerarse alternativos o sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entran en contradicción con la práctica democrática que inspira la vida escolar" y aseguran que la educación en valores debe ser de carácter transversal.

El Consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre ha explicado que, si bien estas sentencias admiten recursos en el Tribunal Supremo, al haber sido rechazados otros en la misma dirección en tribunales superiores de Justicia de diferentes comunidades autónomas, parece haber "una corriente jurídica en contra del derecho a la objeción de conciencia en esta materia".

El Foro de la Familia, que es la organización que está tramitando estos recursos, ya ha anunciado que recurrirá.

La Consejería de Educación recibió a finales del pasado año 33 peticiones de objeción de conciencia, tanto para tercero como para cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), y las rechazó todas.

De esas 33, 24 familias recurrieron contra la resolución emitida por la Consejería de Educación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que suspendió en diciembre cautelarmente la obligación de esos menores a asistir a clases de la materia, por lo que ahora quedan 17 casos por resolver.

Las resoluciones notificadas ayer al Servicio Jurídico del Principado dejan automáticamente sin efecto dicha suspensión cautelar, por lo que los alumnos tendrán que volver a clase de Educación para la Ciudadanía.