En un comunicado, la UPO ha explicado que se trata de un puesto profesional catalogado según los procesos de clasificación habituales, al que solo pueden acceder los funcionarios de una determinada categoría.

Además, ha destacado que la funcionaria, que "ostenta los mismos derechos" que cualquier otro empleado público, "reúne todos los requisitos de formación, conocimiento y experiencia profesional para el desempeño de un puesto que actualmente es requerido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016", de ahí que "haya sido designada provisionalmente por la Gerencia de la institución".

Asimismo, la UPO ha explicado que esta persona "no está blindada en el puesto, sino que es independiente para el ejercicio de sus funciones, tal y como exige la normativa". "Puede ser cesada en caso de incumplimiento o mal desempeño de sus funciones", ha añadido.

Por último, la universidad ha aclarado que este puesto "no supone ningún beneficio económico" a esta funcionaria y que "tampoco computaría el tiempo de permanencia en este puesto a efectos del futuro concurso público".

Por su parte, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha considerado este lunes que es oportuno "que se den las explicaciones necesarias para esclarecer la situación lo antes posible", toda vez que ha mostrado su "sorpresa" ante la información publicada, recordando que la UPO es "una institución con mucho peso" en la sociedad sevillana.