El Parlamento catalán cumple este sábado el primer aniversario desde que declaró "la república catalana como estado independiente y soberano" el 27 de octubre de 2017, lo que desencadenó la aplicación del artículo 155 que intervino la autonomía de Cataluña.

Estos 365 días se han caracterizado por la caída de la actividad parlamentaria: en este periodo la Cámara ha aprobado cinco decretos ley y tres leyes; una de ellas, para impulsar la investidura del expresidente Carles Puigdemont a distancia, fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Esta actividad contrasta por ejemplo con la que hubo de octubre de 2016 a octubre de 2017: en ese periodo la Cámara aprobó 25 leyes, incluidas la de pobreza habitacional y la del referéndum de independencia.

En este año la Cámara ha vivido tres fases de parálisis: la primera del 27 de octubre de 2017 al 17 de enero de 2018, desde que la Cámara fue disuelta por el 155 y se volvió a constituir tras las elecciones catalanas de diciembre.

La segunda, del 30 de enero —el intento fallido de investir a Puigdemont— al 14 de mayo, cuando los partidos independentistas llegaron a un acuerdo para investir al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Y la tercera, del 18 de julio al 2 de octubre, periodo en que surgieron las discrepancias JxCat-ERC por los diputados suspendidos por el Supremo, y ambos grupos siguen defendiendo posiciones opuestas.

El Parlamento catalán también ha vivido varias situaciones inéditas, como tener escaños vacíos porque los diputados están encarcelados y la imposibilidad de investir a varios candidatos a presidente pese a que existía la mayoría independentista suficiente para obtener la confianza de la Cámara.

A Puigdemont se le exigió volver de Bruselas para ser investido, lo que no hizo ante el riesgo de ser detenido; a Jordi Sànchez el Supremo le impidió salir de la cárcel por dos veces; y a Jordi Turull el mismo tribunal lo encarceló entre la primera y la segunda sesión de investidura.

La última controversia ha surgido porque JxCat, ERC y la CUP han perdido la mayoría independentista que tenían: cuatro diputados de JxCat y uno de ERC no están votando en los plenos por su situación judicial.

Esto significa que la Cámara ahora mismo se divide entre 65 diputados partidarios de la independencia y 65 contrarios: el reglamento del Parlamento fija que, si las votaciones acaban en empate, las iniciativas son rechazadas.

Ante este escenario de bloqueo, Torra se enfrenta al reto de aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2019: para lograrlo deberá convencer al grupo de los comunes, el único de la oposición que se ha mostrado predispuesto a negociar.

Una de las grandes dudas que surgen un año después del 27-O es si el Parlamento regional llegó a declarar la república, y esta será una de las cuestiones que planeará en el juicio a los líderes soberanistas.

La república se declaró a través de una resolución, y este tipo de iniciativa parlamentaria se divide en dos partes: una exposición de motivos que no se vota y no tiene efectos, y otra parte dispositiva, que es la que se vota en el pleno y sí tiene efectos.

Para blindarse ante futuras acciones judiciales —que acabaron llegando igualmente—, JxSí y la CUP incluyeron la declaración de la república en la parte que no se votó, pese a lo cual aseguraron que la habían proclamado.

Además, buscaron dar solemnidad al momento, ya que el entonces diputado de JxSí, Roger Torrent, pidió a la entonces presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, que leyera la declaración ante el Pleno; y Puigdemont no pidió la palabra en ningún momento del debate.