El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado este viernes "rechazar y condenar el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre". Además, ha defendido la abolición de la propia monarquía.

La declaración institucional ha sido promovida por la CUP y ha sido firmada por el Gobierno de Ada Colau, PDeCAT, ERC, y los dos concejales no adscritos —Gerard Ardanuy (Demòcrates) y Joan Josep Puigcorbé—, mientras que Ciudadanos, PSC y PP han rechazado firmarla.

El texto muestra la defensa de los valores republicanos por parte del Ayuntamiento. Así como su apuesta por la abolición de "una institución caduca y antidemocrática como la monarquía" y critica la judicialización de la política y violencia que sostiene que se ha ejercido contra los derechos fundamentales.

En la exposición de motivos, señala que el rey emitió un discurso amenazador contra parte de la población que dice representar para acabar con la movilización popular y preservar la unidad de España a cualquier precio, y que lo hizo ejerciendo "una de las funciones por las cuales la dictadura franquista le otorgó privilegios".

El pleno ha acordado otra declaración institucional, promovida por el PDeCAT, para pedir la libertad inmediata de los líderes políticos y sociales en prisión preventiva; exigir terminar con la judicialización, y reclamar que se den "todas las garantías jurídicas" a políticos y activistas en el extranjero investigados y miembros de CDR.

Exige también una reforma del sistema judicial español que "garantice su independencia y pleno sometimiento a sus instituciones del Estado de Derecho y a los principios democráticos", evitando arbitrariedades y persecuciones ideológicas, y pide dialogar con el Gobierno central para encontrar una salida y celebrar un referéndum que permita a los catalanes decidir libremente su futuro.

El grupo municipal de Cs se ha ausentado del pleno en el momento de la lectura de la declaración, porque no son competencia del Ayuntamiento y son inaceptables, según Carina Mejías: "No tenemos capacidad para exigir la libertad de nadie que esté en la cárcel, y no condenaremos en ningún caso el jefe de Estado".

Alberto Fernández (PP) ha advertido de que no guardarán silencio ante quienes quieran desprestigiar las instituciones y destruir lo que es y representa España, y ha lamentado que la formación de la alcaldesa, Ada Colau —que no estaba en el pleno en ese momento— haya firmado una declaración que representa un "menosprecio a la corona y a la unidad de España".

El republicano Jordi Coronas le ha replicado que el respeto se gana, no se hereda, y la socialista Carmen Andrés ha defendido las "instituciones legítimas y democráticas" y ha resaltado que no han firmado las declaraciones porque no las comparten, pero se han quedado con normalidad y por respeto al pleno.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacado en un apunte en Twitter que el Parlament ya reprobó al rey y que este viernes lo han vuelto a hacer en el Ayuntamiento, porque la monarquía se ha convertido en un obstáculo para los avances democráticos que necesita el siglo XXI, según él: "Somos libres de hacerlo".

El consejo de Ministros ha decidido este mismo viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada el 11 de octubre por el Parlament contra el rey y la monarquía, a pesar del criterio en contra expresado por el Consejo de Estado en el dictamen encargado por el Gobierno de Pedro Sánchez.