Ni a la Fiscalía ni a la Abogacía del Estado, una institución que depende directamente del Mininisterio de Justicia. El Gobierno ha asegurado este viernes que no dará ninguna instrucción a esta última en referencia a los delitos de los que debe acusar a los políticos catalanes en el juicio contra el 1-O, y ha asegurado que su escrito de acusación se basará únicamente en "argumentos jurídicos".

"Este Gobierno no dará instrucciones a la Fiscalía ni tampoco a la Abogacía del Estado, que está trabajando para la elaboración del sus calificaciones, que habrá de entregar el 2 de noviembre, y lo hace con estrictos argumentos jurídicos", ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, que este viernes se ha celebrado en Sevilla.

Asimismo, ha asegurado de que en el caso de que la Abogacía descartara acusar por el delito de rebelión, esto no debería verse como el "gesto" que buscan desde hace meses ERC u el PdeCAT para aprobar a cambio los Presupuestos de 2019. "No es ningún gesto. No necesitamos hacer ningún gesto. El Gobierno no entra a determinar ni incidir en la decisiones y eso lo conocen las fuerzas independentistas perfectamente bien", ha subrayado la portavoz.

Celáa también ha negado las presiones por parte del Gobierno que han denunciando fuentes del Tribunal Supremo. "Esto es una cuestión tremendamente subjetiva, hay personas que se sienten más ofendidas por las manifestaciones que se puedan hacer desde un ámbito u otro, pero el Gobierno no habla para nada del Poder Judicial ni pretende orientarle a ninguna parte", ha dicho.

Celáa ha equiparado prácticamente a la Fiscalía, que goza de autonomía del Gobierno, y a la Abogacía del Estado, que depende de Justicia, al descartar que el Ejecutivo vaya a hacer indicaciones o dar instrucciones en los escritos de acusación que ahora preparan, después de que el Tribunal Supremo diera este jueves por concluida la instrucción de la causa contra el procès y abriera juicio oral.

Junto a este anuncio, el Supremo dio un plazo de cinco días, que cuentan a partir de la notificación a las partes y terminará el 2 de noviembre, a Fiscalía y Abogacía del Estado para que eleven sus respectivos escritos de acusación, así como a la tercera acusación, la que ejerce el partido político Vox. Después llegará el turno para que las defensas presenten sus alegaciones.

El Ejecutivo, ha dicho la portavoz, "está a la espera de conocer" esos escritos de acusación "como el resto de ciudadanos", ha dicho, subrayando que no sabe de qué acusará la institución que depende de Justicia.

A una semana de que se termine el plazo para conocer las acusaciones que enfrentarán en el juicio el expresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras, exconsellers o la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, el escrito que elevará la Abogacía del Estado ha tomado una especial relevancia, porque se interpreta que, a diferencia de la Fiscalía, el Gobierno sí puede dejar aquí su impronta sin que sea considerado una presión o una injerencia.

Desde hace meses, el PdeCAT y ERC, partidos de los que depende el Gobierno para ver aprobados sus Presupuestos para 2019, exigen al Gobierno un "gesto" político hacia los políticos que serán juzgados por el procès, que consiste en instar a la Fiscalía a retirar los cargos de rebelión y malversación que se estudia para ellos.

El Ejecutivo se ha negado por activa y por pasiva a hacer tal cosa, de manera que, en la recta final antes de que se juzgue a los políticos catalanes, la atención se ha fijado en la única de las tres acusaciones que depende orgánicamente del Gobierno, la Abogacía del Estado.

Si, como parece que así hará la Fiscalía para la mayoría de ellos, también los acusa de un delito de rebeldía, se interpretará que el Gobierno mantiene la línea de no dar ninguna concesión.

Distinto sería si siguiera un criterio diferente que, por otra parte, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Carmen Calvo, se han encargado de apuntar esta semana, al sugerir que en Cataluña no habría habido un delito de rebelión. Así, la Abogacía podría no acusar por este delito, penado con hasta 30 años de cárcel, sino de uno menor, de sedición, para el que el Código Penal establece un máximo de 15 años.

Sánchez abrió la puerta a tal posibilidad al recordar el pasado miércoles en el Congreso unas declaraciones de 1994 del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, cuando aseguró que "el delito de rebelión es inherente a un golpe de Estado, que se tiene que dar por militares o por civiles armados a las órdenes de militares".

Un día después, Calvo se mostró abierta a una reforma del Código Penal para redefinir este delito y la portavoz socialista en el Congreso, algo que este viernes Celáa ha descartado de momento al señalar que "no hay ningún plan para modificar el delito de rebelión".

En todo caso, llama la atención que Sánchez recurriera a unas palabras de Trillo para sustentar que para que se dé un delito de rebelión tiene que haber violencia, armas y mando militar, circunstancias que no se dieron en los días del año pasado que mediaron entre la aprobación en el Parlament de las leyes de transitoriedad hacia la independencia y la elebración de la consulta ilegal del 1 de octubre.

En mayo de este año, aún en la oposición, Sánchez se refirió a esta cuestión desde un punto de vista diametralmente opuesto, cuando afirmó que "lo que pasó el 6 y 7 de septiembre ene l Parlamento de Cataluña fue delito de rebelión".