para las nuevas ordenanzas fiscales de 2019, el concejal de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Castillo (PSOE), ha señalado que ninguna de las enmiendas aprobadas supone "una modificación" sustancial de las propuestas presentadas por el gobierno local.

Groso modo, las ordenanzas fiscales diseñadas por el Gobierno local socialista para 2019 están marcadas por una bajada del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) del cinco por ciento en el caso de los edificios residenciales, merced a la rebaja del tres por ciento pactada por Cs con el PSOE y profundizada hasta el cinco por ciento a instancias del PP, y del uno por ciento del tipo diferenciado de este impuesto con efecto en los inmuebles no residenciales sujetos a actividad económica.

Además, median en el proyecto original de nuevas ordenanzas una bonificación del 95 por ciento del IBI para aquellos propietarios que cedan sus viviendas a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) o un descenso del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) hasta el 3,25 por ciento, entre otros aspectos, toda vez que en líneas generales el resto de impuestos, tasas y previos públicos quedarían congelados.

Ahora, la Comisión de Hacienda ha sometido a votación las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición a tal proyecto de ordenanzas fiscales, siendo aprobadas nueve enmiendas del PP, cinco de Ciudadanos, cinco de Participa y cinco de IU.

CASTILLO MATIZA

Dado el caso, Joaquín Castillo ha defendido que el Gobierno local socialista ha presentado "una propuesta desde el rigor y la seriedad, basada en la buena situación económica del Ayuntamiento, la necesidad de mantener el gasto social y la inversión pública, el cumplimiento de los acuerdos y el objetivo de continuar con los criterios de progresividad". A tal efecto, ha asegurado que ninguna de las enmiendas aprobadas supone "una modificación" de las propuestas presentadas por el gobierno en su proyecto.

Al hilo, ha recordado que las enmiendas aprobadas deben ser evaluadas por la Intervención General para evaluar si se ajustan a la legalidad de acuerdo con la redacción propuesta y si encajan en las ordenanzas cuya modificación ha sido planteada por el gobierno de la ciudad en el proyecto remitido a los grupos políticos y al Consejo Económico y Social.

"Las ordenanzas fiscales deben seguir un criterio de rigor y seguridad jurídica, y por tanto cualquier medida que se incorpore debe respetar esos principios como base para que el gobierno la incorpore al proyecto y la someta a la votación del pleno", explica Joaquín Castillo.