En una nota, ha señalado que también lleva a Pleno la ordenanza reguladora de la tarifa del agua para su aprobación inicial, además de una modificación presupuestaria para garantizar las ayudas sociales hasta final de año.

El equipo de gobierno ha recordado que "desde el año 2008, y bajo el pretexto de la crisis financiera, hipotecaria y de deuda pública, los distintos gobiernos centrales han venido efectuando una serie de recortes económicos y sociales que han tenido un durísimo impacto en el sector de las administraciones publicas y, muy particularmente, en las condiciones del personal funcionario y laboral de las administraciones locales".

Según ha explicado, entre esa lista de recortes destaca la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales desde el año 2012, "lo que ha supuesto un enorme paso atrás en los derechos laborales alcanzados por dicho colectivo y en las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral".

Así, ha recordado que la jornada laboral de 35 horas semanales es una "reivindicación histórica" de los trabajadores de la administración pública, siendo una medida que "no solo puede generar empleo, sino que supondría una mejora necesaria de la eficiencia y de las condiciones laborales de un colectivo que trabaja bajo condiciones difíciles debido a la merma de recursos humanos provocada por las exiguas tasas de reposición aprobadas en las últimas leyes de los PGE".

A juicio del equipo de gobierno, "una reducción de la jornada laboral no implica una reducción de la calidad de los servicios, sino todo lo contrario, puesto que redunda en la salud de la plantilla y en la combinación de su vida profesional y personal". Por ello, planteará al Pleno que solicite al Gobierno central y a la Junta que adopten medidas para mejorar las condiciones del personal de las entidades locales.