Esta semana, la Conselleria de Educación informó esta semana de la resolución por la que se conceden estas ayudas a un total de 35.716 alumnos de las escuelas 0-3 años. Destina un total de 45.998.532 euros, un 34 por ciento más que en curso 2017-2018.

Fsie considera que parte de la redacción del Bono Infantil "somete a una doble discriminación a los alumnos de los centros de educación infantil de iniciativa social, ya que no pueden optar a plazas de financiación íntegra y los alumnos de las escuelas infantiles municipales no se someten al criterio de renta con lo que hay muchas familias con suficientes recursos que reciben la ayuda y familias desfavorecidas que se quedan fuera".

"Estamos ante un uso partidista de los recursos públicos que ataca la libertad educativa, algo impensable en una democracia", señala Fsie en un comunicado, al tiempo que estima que el gran problema es que "se está perjudicando a las personas que tienen menos capacidad adquisitiva y más problemas para llegar a final de mes por criterios políticos".

En concreto, el sindicato pide la nulidad de los artículos 5.7, 19.2 y del Capítulo III (artículos 27 a 33) de la Orden 19/2018, de 16 de mayo, por vulneración de los derechos fundamentales de Igualdad (art. 14 CE) y de Educación (art. 27.1 CE), así como del artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y

de los principios de Equidad en la Educación (artículo 71.1 LOE) y de Compensación de las desigualdades (artículo 81.1 LOE).

FSIE recuerda que también presentó un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes que establece las bases reguladoras del Bono Infantil de 0 a 3 años y la resolución que regula esta convocatoria.

Así, el sindicato recoge en su demanda que la orden discrimina a los centros de educación infantil privados que llevan décadas prestando sus servicios por lo que reclama a la Conselleria que no debe "menospreciar a las familias que los eligen". Por ello, le insta a "hacer un ejercicio de democracia" y "anular el apartado que aprueba la financiación íntegra exclusivamente para las escuelas municipales porque discrimina a los centros de iniciativa social, ya que en las escuelas infantiles públicas, las plazas están totalmente subvencionadas, mientras que en las escuelas de iniciativa social las familias reciben una cantidad en función de la renta".

Por su parte, el actual portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, ha asegurado que "cientos de familias se han quedado sin Bono Infantil por la irresponsabilidad" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, "al quedarse sin tramitar cientos de documentos presentados en tiempo y forma por los padres y que sorprendentemente no han sido atendidos por la Generalitat antes de publicarse los listados definitivos de beneficiarios".

Según Morro, la administración "ha obviado muchas de las reclamaciones de las familias que no resultaron adjudicatarias de bono infantil en los listados provisionales por diversos motivos, como el colapso del sistema de electrónico, el retraso en la distribución de los documentos del registro de entrada de Conselleria de Educación y la supuesta falta de personal".

"Ante esta situación, la Conselleria en lugar de esforzarse ha tomado la postura más cómoda, resolver a sabiendas que faltaban muchos documentos por revisar y solo da como solución a las familias presentar un recurso de reposición o contencioso-administrativo y entonces se les concederá el bono", critican.

Y añaden desde la Mesa: "Es inaudito que la dejadez o incapacidad de la administración la paguen los ciudadanos, por tanto, exigimos que de oficio se tramite toda la documentación presentada en tiempo y forma y se concedan los bonos infantiles a las familias que tienen derecho y han cumplido con sus obligaciones. Ellos sabían las consecuencias e intencionadamente han firmado la resolución definitiva para ahorrarse unos cuantos euros".

Sobre el Bono Infantil, esta plataforma también censura "el recorte de dinero que han sufrido los alumnos que eligen centros de 0-3 años privados y concertados, ya que se han endurecido los requisitos para conseguirlo al no haber recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de ambas redes, a pesar de los anuncios triunfalistas de la administración".

"El programa estrella de Puig y Marzà, la gratuidad de las aulas de dos años en la red pública, se ha comido cerca del 50% del presupuesto de ayudas sociales de todo el ciclo de 0-3 años, algo más de 20 de los 45 millones, saliendo claramente perjudicadas las familias que han pedido el Bono Infantil desde 0 a 3". "Para ellos solo ha quedado dinero para cubrir el bono infantil en los casos más extremos de familias en riesgo de exclusión social", afirman.

QUEJAS AL SÍNDIC DE LA MESA EDUCACIÓN EN LIBERTAD

Por otra parte, la Mesa por la Educación en Libertad ha decidido presentar dos quejas ante el Síndic de Greuges por "el silencio de las conselleries de Educación y de Transparencia en su solicitud de datos de matriculación del pasado mes de junio".

Vicente Morro se ha quejado de la falta de respuesta "de un gobierno que se presentó como el del diálogo y que no se reúne con quien le pide cita, que dijo que sería transparente y no facilita los datos pedidos por los ciudadanos, que no dialoga y que sólo hace que incumplir los derechos de las familias a elegir libremente el modelo educativo que quiere para sus hijos".

Por último, recuerdan al conseller Marzà que "siguen sin cubrirse muchas plazas de profesores de religión en centros públicos, como por ejemplo cinco en la ciudad de València, sin que haya motivos que lo justifiquen a estas alturas de curso, y se ha preguntado si los alumnos de Religión se van a pasar otra vez medio año sin profesor como ya sucedió el curso pasado".