Fulgencio pide una auditoría interna de gastos de las subdelegaciones de Alicante y Valencia tras el caso de Castellón

  • El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha decidido solicitar la realización de una auditoria interna de la documentación de gastos de las subdelegaciones de Valencia y Alicante, según ha informado esta administración en un comunicado.
Juan Carlos Fulgencio en su toma posesión como delegado de Gobierno
Juan Carlos Fulgencio en su toma posesión como delegado de Gobierno
DELEGACIÓN DE GOBIERNO - Archivo
Juan Carlos Fulgencio en su toma posesión como delegado de Gobierno

Esta decisión, de carácter "cautelar", según explica, la ha adoptado el delegado "en aras de la transparencia que debe garantizar todas las administraciones, tras las investigaciones policiales abiertas el pasado mes de junio en la Subdelegación del Gobierno de Castellón".

El pasado mes de junio trascendió que el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón había abierto una investigación a dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno en Castellón -uno de ellos jubilado- por presunta falsificación de facturas.

De acuerdo con informaciones publicadas en esa fecha, las facturas supuestamente falsas podrían alcanzar un valor de hasta un millón de euros y la investigación se centra en diez años de actividad de la institución.

El juzgado preveía analizar los movimientos con la tarjeta de respostaje realizados a primeros de agosto de 2017 y los registrados en abril, cuando se cotejaron los gastos cargados.

De acuerdo con esas informaciones, en abril de 2017, cuando el subdelegado del Gobierno se encontraba en viaje privado en Roma con su familia, su vehículo oficial, que estaba estacionado en la cochera, llegó a repostar hasta cinco veces en un mismo día.

Además, el juzgado también investiga la denuncia presentada por la Subdelegación del Gobierno sobre la presunta manipulación del kilometraje de vehículos oficiales de la institución y gastos de reparación sospechosos visados por uno de los investigados.

También se analizan facturas emitidas por proveedores a la Subdelegación y pagadas por los dos investigados, uno de ellos jubilado; y el juzgado también debe resolver la discrepancia de la facturación relacionada con el suministro de material informático.

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