En un comunicado, el colectivo ha señalado que la paralización de la sentencia y la suspensión de procedimientos de ejecución hipotecaria a la espera de una decisión del Tribunal Europeo sobre las cláusulas abusivas, "tienen relación" con la actual tramitación en el Congreso de proyectos como la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que "contienen la trampa de pretender mantener las cláusulas abusivas y reforzar el papel del notario para garantizar que no se pueda alegar desconocimiento o falta de transparencia".

En su opinión, la reciente sentencia ahora suspendida "complementa la jurisprudencia que declara abusiva una cláusula presente en todas las hipotecas, la que establece que los gastos de notaria, registro, tasación, e impuestos, debía pagarlos el cliente y no el banco".

En ese sentido, Stop Deshaucios ha vinculado el fallo del Supremo sobre el IAJD con la sentencia de mayo de 2013 sobre las cláusulas suelo que rechazaba la retroactividad de la devolución, lo que "provocó que los bancos impulsasen una oleada de 'acuerdos trampa' en los que ofrecían dejar de cobrar el suelo al mes siguiente a cambio de renunciar a la devolución de estafado".

La plataforma ha recordado en su escrito que aquella sentencia fue revocada por el Tribunal de Justicia Europeo en 2016, "reconociendo la devolución total", pero otra "reciente y vergonzosa sentencia del Supremo ha validado estos acuerdos chantajistas acuerdos" por lo que "decenas de miles de familias siguen sin poder recuperar su dinero por haber firmado estos acuerdos basados en que el Supremo antepuso en mayo de 2013 los intereses de los bancos a los de los ciudadanos".

Stop Desahucios Euskadi ha remarcado que "las demandas por cláusulas abusivas colapsan los juzgados mientras las soluciones extrajudiciales reguladas por el Gobierno han conseguido que a día de hoy los bancos no hayan devuelto ni la mitad de lo que habían previsto".

La plataforma defiende la modificación "radical" de la actual Ley Hipotecaria y Ley de Enjuiciamiento Civil; la revisión retroactiva, desde 2006, de las cláusulas abusivas en todos los procedimientos de ejecución hipotecaria; y la anulación de las deudas de familias vulnerables que han sido desahuciadas de su vivienda habitual.