La mencionada moción fue aprobada por unanimidad, al poco tiempo de que el Ayuntamiento firmase con los sindicatos municipales la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales en el Consistorio a partir del 1 de noviembre.

Tal acuerdo, con efectos exclusivamente en la plantilla de la Corporación, era el primero del procedimiento orquestado para restituir la jornada laboral de 35 horas semanales en el conglomerado que forman el Consistorio, sus organismos municipales y sus sociedades satélite, toda vez que esta misma operación está siendo negociada en el resto de entidades dependientes de la Corporación local.

Respecto a la mencionada moción, en cualquier caso, media un informe de la Intervención general del Ayuntamiento que recuerda que las propuestas y mociones de los grupos políticos, como ésta referida a Tussam, no pueden "considerarse actos administrativos dictados por el órgano competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido que gocen de ejecutividad", con lo que la aprobación de dicha moción sólo "determina la voluntad de la Corporación para el inicio de las actuaciones administrativas que culminen con la adopción del acuerdo por el órgano competente, previa instrucción del procedimiento legalmente establecido".

LOS PGE

Además, la intervención expone en este informe recogido por Europa Press que la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 subordina a una serie de condiciones la autorización a las administraciones para que establezcan calendarios laborales al margen del promedio semanal de 37,5 horas.

En concreto, uno de estos requisitos reclama que la autorización de jornada no derive en una superación del límite del ocho por ciento estipulado para la temporalidad en el empleo público respecto a las plazas de naturaleza estructural, mientras otro ciñe los calendarios laborales al margen de las 37,5 horas semanales al necesario cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.

Al respecto, la Intervención avisa de que "dicha autorización requiere un expediente en el que se acredite el cumplimiento de los condicionantes exigidos por la norma" y, "al no haberse instruido expediente no consta informe relativo al alcance de la modificación de la jornada objeto de autorización en relación a los acuerdos de negociación colectiva adoptados", por lo que no quedaba acreditado el cumplimiento de los dos requisitos descritos.

La Intervención señala además que la autorización de la jornada de 35 horas semanales en Tussam necesita que "se acredite la existencia de consignación presupuestaria", sin que se considere "que se hayan venido devengando con carácter retroactivo retribuciones adicionales de ningún tipo, particularmente horas extraordinarias, como consecuencia del acuerdo de determinación de jornada".

EL AVISO DE LA INTERVENCIÓN

Dado el caso, la Intervención concluía que el citado acuerdo plenario "no puede considerarse un acto dictado por el órgano competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido que goce del privilegio de ejecutividad", toda vez que "no puede adoptarse acuerdo válido de autorización de modificación de jornada hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos" por los PGE, "previa consignación presupuestaria y sin que su aprobación implique en ningún caso el devengo con carácter retroactivo de retribuciones adicionales de ningún tipo, particularmente horas extraordinarias".

Después de ser emitido dicho informe, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte (Sitt), que preside el comité de empresa de Tussam, difundía una circular en la que aseguraba que la dirección de la empresa estaría dispuesta a aplicar de modo efectivo la jornada laboral de 35 horas a partir del 1 de noviembre, con el añadido de que "debido a las limitaciones legales para contratar a más personal, en principio la aplicación de la jornada será mediante recorte en el servicio que se presta".

No obstante, fuentes de la dirección de la empresa han precisado a Europa Press que "la negociación sigue abierta, aún no hay nada cerrado y se trabaja por el mantenimiento de la oferta" de servicios, toda vez que fuentes de la plantilla han indicado a Europa Press que la negociación estaría destinada a restituir la jornada laboral de 35 horas a partir del 1 de noviembre, mediante alguna fórmula que evite que tal extremo derive en una "reducción" de servicios. Otro de los aspectos sujeto a conflicto, según tales fuentes, es la demanda de que la medida goce de carácter retroactivo con relación a la entrada en vigor de los PGE, extremo que rechazaría la dirección de Tussam.