Así lo ha acordado el juez instructor, José María Crespo, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas y en el queadvierte de que el ejercicio de la acción popular lleva la necesidad de constitución de fianza, "dada la posibilidad, más o menos acentuada, de que se vean afectados alguno o varios de los investigados, incluso terceros, de modo incorrecto, según el devenir de la causa".

La decisión del instructor es idéntica a la adoptada en el caso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que también se ha personado como acusación popular y que ya ha recurrido en reforma y subsidiariamente en apelación ante la Audiencia Provincial la fianza impuesta por el mismo importe.

La intención de ambas asociaciones es figurar como acusación popular tras tener conocimiento de que el Juzgado de Instrucción 1 abrió a finales de marzo investigación por la 'Operación Rosado', saldada entonces con la detención de 47 personas en una macrorredada contra una organización de tráfico de droga y blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), y de forma paralela otra, como pieza separada, contra diecinueve de las presuntas implicadas, entre ellas el referido guardia civil, por delitos de cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

El nombre de este agente salió a relucir en el transcurso de los pinchazos de la 'Rosado', fruto de los 'pinchazos' telefónicos de la Policía Nacional, como persona que, supuestamente, mantenía contactos con algunos de los detenidos, entre ellos empresarios, para suprimir multas a cambio de regalos y otras prebendas.