Juezas y jueces por la Democracia han exigido este lunes la dimisión del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez, tras conocer su actuación con respecto a la Sentencia 1505/2018 publicada el pasado 18 de octubre.

La resolución busca anular, mediante recurso contencioso-administrativo, otra del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid por la que los clientes bancarios, en calidad de sujetos pasivos, debían hacerse cargo del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.

Díez-Picazo acordó al día siguiente de la publicación de la Sentencia "dejar sin efectos todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar" y "avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado".

Según señala la asociación, que considera "sorprendente" e "insólito" este hecho, Díez-Picazo "tiene que recordar que él mismo, como presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, firmó el 15 de enero de 2018 el Auto que admitía a trámite el Recurso 5357/2017" iniciando el proceso de aprobación de una nueva regulación.

En el texto "ya se recordaba que el reciente criterio ha abierto un debate doctrinal que requiere una nueva respuesta por parte del Tribunal Supremo, máxime cuando es una materia que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social", indica el comunicado.

Juezas y jueces por la Democracia califican como "nefasta gestión" la decisión del magistrado que "ha generado alrma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces".