Estos 213 municipios suponen el 58 por ciento del total -son 362-, casi el 60 por ciento del territorio de la provincia y un doce por ciento de sus habitantes, según los datos aportados a Europa Press.

Ante esta situación, que lleva a los afectados a que se sigan rigiendo por lasa Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que ya han cumplido más 20 años desde su aprobación en 1996, ha llevado a la Junta a poner en marcha un plan para dotar a todos de una ordenación urbanística básica adaptada a las necesidades y situaciones actuales.

Para ello, la Administración Autonómica aportará 100.000 euros y la Diputación otros 100.000, al igual que está previsto en el resto de provincias de la Comunidad, que cuentan con una situación similar en sus territorios.

Así lo ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha rubricado el acuerdo con el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, un documento que servirá para ayudar a los municipios de hasta 500 habitantes a elaborar las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) y para que dispongan así de una ordenación urbanística básica.

El convenio firmado con Salamanca es el sexto de los ya materializados, tras los acuerdos alcanzados previamente con las diputaciones de León, Valladolid, Soria, Burgos y Ávila, y se hará extensivo a todas las provincias interesadas.

En el conjunto de la Comunidad, un total de 1.268 municipios -cuenta en general con 2.248- carece de planeamiento general urbanístico, lo que supone más de la mitad de los consistorios, el 43,1 por ciento de la superficie y el 8,3 por ciento de la población.

RESPONSABILIDADES

El plan establece que la licitación, adjudicación, contratación y recepción de los trabajos necesarios para la redacción de las normas urbanísticas serán responsabilidad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, mientras que la Diputación prestará la coordinación y el apoyo técnico necesario a los municipios para redactar el planeamiento.

Los costes económicos, estimados en 200.000 euros, estarán financiados a partes iguales por ambas administraciones. Igualmente crearán una comisión mixta paritaria para la dirección y supervisión de las acciones contenidas en el convenio, cuya vigencia está prevista inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.