La Iglesia busca nuevas medidas contra los casos de abusos sexuales a menores

José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española.
José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española.
EUROPA PRESS - Archivo
José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española.

La cúpula eclesiástica ha dado un paso al frente ante los cada vez más sonados casos de abusos sexuales a menores por parte de sus miembros, y ha propuesto actualizar sus protocolos de actuación ante estos delitos.

Así lo ha declarado Juan Antonio Menéndez, presidente de la Comisión Antipederastia en declaraciones a la cadena COPE. El también Obispo de Astorga ha señalado que "se trataría de recuperar y traer todo lo que la normativa civil y canónica ha ido emitiendo estos años".

El pasado martes, la Conferencia Episcopal española anunciaba a través de un comunicado la puesta en marcha de una comisión de trabajo que sería la encargada de llevar a cabo los nuevos cambios.

De esta forma, la Institución pretende perfilar su actuación, hasta ahora regida por los acuerdos firmados entre España y el Vaticano en 1979 y el Protocolo de actuación contra Abusos que la Conferencia activó en 2010, ante la desbordante situación de abusos y pederastia.

Los cambios llegan tras conocerse que el Papa Francisco quiere abrir un debate interno partiendo de una reuniónque se celebrará en febero de 2019 y a la que están llamados a acudir los presidentes de todas las Conferencias episcopales.

Además, esta noticia se hizo pública dos días después de que El País publicara una investigación que constataba que la Iglesia había silenciado durante décadas los casos de pederastia en su seno.

Según ha publicado este viernes dicho medio, Astorga se muestra prudente en ofrecer nuevos datos. ""No puedo precisar más, no depende solo de mi criterio", indicó el obispo.

Según el comunicado, los objetivos de esta Comisión se basarán en actualizar dicho protocolo pero también en redactar una nueva normativa para la prevención y protección de estos delitos. Las conclusiones de este encuentro serán presentadas ante la Santa Sede en febrero.

A la reunión, que tendrá carácter privado, asistirán juristas de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica así como también del Servicio Jurídico de CONFER y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales.

Que denuncien las víctimas

El Protocolo vigente "invita o aconseja a las víctimas a denunciar ellos mismos los hechos ante la policía, el ministerio fiscal o el juzgado", una cuestión criticada por fiscales y políticos, que insisten en que la solución a los abusos silenciados pasa por modificar estas palabras.

Los magistrados consideran necesaria la tipificación del delito de semipúblico a público (ampliando las posibilidades de denuncia a cualquier persona a la que conste un caso de abuso sexual a un menor dentro del ámbito eclesiástico. 

Por su parte, el Concordato de 1979 recoge que "en ningún caso, los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio"

Silencio ante la Ley

Algunas diócesis de las 70 que existen en España cuentan además con sus propios protocolos, como es el caso de la diócesis de Astorga, que se rige desde principios de 2018 por el que es hasta el momento el texto clerical más próximo a la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

En base a estos protocolos y al Concordato, gran parte de los casos de delitos sexuales en la Iglesia Católica española se investigan de manera interna a pesar de que la mencionada ley obliga al ámbito clerical a notificar a Fiscalía las denuncias que reciba.

Esta norma recoge que "toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal".

En últimas declaraciones, la Iglesia Católica asegura que asumirá el compromiso de: "cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso".

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