La sentencia del Tribunal Supremo que establece que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto de actos jurídicos documentados permitirá a unos 190.000 hipotecados reclamar la devolución de esta tasa, que le supondrá a la banca un desembolso de unos 1.900 millones de euros.

Entre julio de 2014 y julio de este año, último dato facilitado por el Instituto Nacional de Estadística, se firmaron en España cerca de 1,5 millones de préstamos hipotecarios para la compra de todo tipo de fincas.

Aunque el fallo del Supremo no especifica si es o no retroactivo, Según considera a 20minutos la abogada de la asociación Voyadefenderte, Yaiza Muñiz, "las personas que reclamen a partir de ahora pueden acogerse a esta sentencia". Adicae, por su parte, argumenta que al tratarse de una práctica abusiva "no hay posibilidad de prescripción".

El importe del impuesto varía en función de la comunidad autónoma (CCAA) y del valor escriturado, y oscila entre el 0,5 % hasta el 1,5 % sobre el importe del préstamo hipotecario; además, en algunos territorios se aplican bonificaciones en la compra de vivienda habitual de personas discapacitadas o de familias numerosas.

Para una hipoteca media de 150.000 euros contratada a 25 años, el desembolso ha sido de unos 1.500 euros.

Las comunidades que aplican un gravamen del 1,5 % son Andalucía, Aragón, Valencia, Castilla León, Cataluña, Galicia y Murcia; con el 1,25 % figura Castilla La Mancha, y con el 1,2 %, Asturias, Baleares y Extremadura.

Canarias, Cantabria y La Rioja aplican un 1 %, y por debajo de esta tasa, Madrid (0,75 %) y Ceuta, Melilla, Navarra y el País Vasco (0,50%).