Tras más de 130 años de construcción sin licencia, el Ayuntamiento de Barcelona regularizará las obras de la Sagrada Familia de Barcelona, y como contrapartida, el templo aportará 36 millones de euros en 10 años para mejorar la movilidad y el urbanismo de su entorno.

Así lo establece un acuerdo que han firmado este jueves la alcaldesa, Ada Colau, y el presidente de la Junta Constructora de la basílica, Esteve Camps, un pacto que no incluye, sin embargo, la escalinata y la avenida de acceso a la fachada de la Gloria por la calle Mallorca, que implicaría la expropiación y el derribo de viviendas. Este asunto se abordará más adelante en una comisión de trabajo, según ha asegurado la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz.

"Hoy es un día felizmente histórico", ha afirmado Colau, que ha subrayado que se pone fin a "una anomalía de décadas", ya que el Consistorio y el templo han consensuado un plan especial urbanístico y cambios de planeamiento que permitirán que, como muy tarde "en el primer trimestre de 2019", la Sagrada Familia pueda obtener la licencia necesaria para acabar las obras -el importe de esta todavía debe negociarse-. Por su parte, Camps ha mostrado su "satisfacción" por el entente y ha destacado que este comportará la "apertura a la ciudad" de la basílica, que hasta ahora se ha estado construyendo parapetada tras un permiso de 1885 del Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals a nombre de Gaudí.

De los 36 millones de euros que aportará el templo, 22 -2,2 anuales- se destinarán al conjunto del transporte público en sus alrededores, una cifra que se ha calculado teniendo en cuenta que la Sagrada Familia recibe unos 4,5 millones de visitas al año. Sobre todo, ha apuntado Sanz, se mejorará el servicio de los autobuses de barrio.

Otros siete millones servirán para la mejora de la accesibilidad a la basílica desde el metro, para lo que no se descarta construir un acceso directo al templo desde el suburbano, con el objetivo de reducir las personas que utilizan las entradas y salidas actuales de la estación Sagrada Familia. Una comisión de trabajo estudiará las medidas más adecuadas a emprender.

La Junta Constructora también contribuirá con cuatro millones de euros a la reurbanización de las calles que rodean la basílica -Marina, Provença, Sardenya y Mallorca-. Los tramos de actuación, los proyectos específicos y su desarrollo se definirán a través de un proceso participativo con el vecindario.

Además, aportará tres millones de euros -0,3 al año- para mantenimiento del espacio público a través de la limpieza, la vigilancia y agentes cívicos.

La satisfacción del gobierno municipal y de la Junta Constructora por la firma del acuerdo ha contrastado con la decepción de los vecinos. Juan Itxaso, portavoz de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia, ha criticado que el pacto se ha cocinado "de espaldas" a los barceloneses que viven en la zona y que no aborda el acceso a la fachada de la Gloria, uno de los temas que más les preocupa por las expropiaciones que puede comportar.

Además, ha cuestionado que los 36 millones de euros que invertirá el templo en el barrio sean suficientes, pues, según sus cálculos, "en esta década ingresará 1.000 millones de euros".

La Sagrada Familia está ahora construida al 70% y se prevé que las obras finalicen en 2026. Anualmente, además de recibir a 4,5 millones de visitantes, atrae a 20 millones de personas que se quedan en su exterior.