Según ha apuntado la agrupación contraria a la apertura de la mina, la licencia debe ser otorgada por el ayuntamiento de Retortillo, que ha carecido de secretario municipal buena parte de los años 2017 y 2018 por haber renunciado al puesto las personas que lo han ocupado transitoriamente.

Ante la falta de secretario municipal, el Ayuntamiento de Retortillo solicitó un informe al Servicio Jurídico de asistencia municipios de la Diputación Provincial, el cual ha determinado, según Stop Uranio, que "no debe otorgarse la licencia solicitada por Berkeley en julio de 2016 en base a dos argumentos".

El primero, tal y como ha continuado, está referido a que las instalaciones previstas en Retortillo ocupan parte de la carretera SA-322 que es propiedad de la Diputación de Salamanca. Se trata, por tanto, de "un bien de dominio público y para proceder a su desafectación se debiera haber construido la variante anunciada por la empresa minera, pero eso no ha ocurrido porque Berkeley no se ha hecho con la propiedad de todas las parcelas afectadas y desistió del procedimiento de expropiación de las que sus dueños no le han querido vender amistosamente", ha indicado Stop Uranio.

El segundo se debe a que la empresa minera "no ha presentado un proyecto firmado y visado de todas las instalaciones que pretende construir en Retortillo, únicamente lo ha hecho de los edificios administrativos", ha añadido.

Según Stop Uranio, "Berkeley sabe que no puede obtener la licencia urbanística sin la propiedad de los terrenos" y a pesar de ello señalaba en un comunicado reciente que "la documentación está en regla y se trata tan solo de un mero trámite burocrático".

"La empresa ha mantenido parada en la zona la maquinaria que realizó ilegalmente el desvío de la carretera en los terrenos de su propiedad, acción por la que tiene pendiente un expediente sancionador del ayuntamiento de Retortillo, hasta que finalmente esas máquinas han desaparecido de las fincas circundantes a la carretera", ha aseverado la plataforma.

En palabras de Stop Uranio, "ahora sabemos que no sólo tiene pendiente de obtener la autorización de construcción de la planta de tratamiento de uranio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, procedimiento suspendido hasta que informe el Consejo de Seguridad Nuclear, sino que la Licencia Urbanística del Ayuntamiento de Retortillo no la podrá obtener hasta que no ejecute la variante de la carretera comarcal SA-322 a la que se oponen distintos propietarios afectados".

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