"Pedimos que se devuelva el dinero de estas multas porque son completamente ilegales, porque la Agencia no tenía derecho a imponerlas ni cobrarlas como así lo dijo el Tribunal Constitucional en marzo de 2011 cuando anuló un artículo del Estatuto de Autonomía diciendo que la Confederación del Guadalquivir tenía que ser gestionada por el Gobierno de España y no por la Junta de Andalucía", ha explicado la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanesa García, en una nota de prensa.
Según García, durante dos años y medio, la Junta de Andalucía estuvo "mal gestionando la Cuenca del Guadalquivir, sancionando a los ayuntamientos por vertidos y se quedó con un dinero que no le corresponde".
Los municipios sancionados son los situados en la Cuenca del Guadalquivir, que va desde el Área Metropolitana, hasta las comarcas de Baza y Huéscar, pasando por el Poniente, los Montes Orientales y Guadix.
Las multas se impusieron entre el 1 de enero de 2009 y abril de 2011, hasta la sentencia del Tribunal Constitucional, y oscilan entre los 6.000 y los 60.000 euros por sanción.
Ha anunciado que el PP pedirá a los alcaldes "que reclamen esa cantidad que tiene la Junta de Andalucía en sus arcas, que es dinero de sus vecinos y que pague con intereses de demora por los años que estuvieron gestionando su dinero".
Ana Vanesa García ha indicado que tenía que haber sido el Gobierno de Susana Díaz el que debería haber devuelto por iniciativa propia ese dinero en el mismo momento en el que el Tribunal Constitucional declara que no es el órgano competente para multar a los ayuntamientos y que no tenía que haberse encargado de la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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